Inversionistas extranjeros piden PGR llevar hasta últimas consecuencias caso jueces Tribunal Superior de Tierras de SFM

Por El Nuevo Diario martes 8 de enero, 2019

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-Los inversionistas extranjeros, Julián Rodríguez y la ciudadana China  HuangKitty Qua, solicitaron del Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, llevar hasta las últimas consecuencias el sometimiento presentado por ellos contra los jueces del Tribunal Superior de Tierras de San Francisco de Macorís.

Alegan que esos jueces, Héctor Bienvenido de Jesús  Cabral, Ramón Emilio Inoa Peña, Miguelina Vargas  Santos y Gregorio Cordero Morales, habrían designado a Basilio Camacho Polanco como secuestrario judicial de la parcela 26, distrito catastral 4, Nagua, en base a fotocopias de contratos viciadas de falsedad como vehículo aleccionador para desmontar presuntas irregularidades y fraudes en el Órganos de la Jurisdicción Inmobiliaria.

La querella presentada además por Julio Cesar Núñez Alvarado y Continental del Progreso Turistico, S. R. L.  el pasado 17 de diciembre, incluye a Marino Rosario Grullón, Basilio Camacho Polanco, los notarios públicos Onesimo García Rosario y Pedro Julio Marmolejos Reynoso, entre otros, a quienes se les imputa los tipos penales de prevaricación, estafa, falsedad en documento público y privado, uso de documentos falsos, soborno, asociación de malhechores, abuso de autoridad contra particulares, robo agravado, complicidad, entre otras violaciones, previstos y sancionados por los artículos 405, 265, 266,267, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 59, 60, 61, 62, 379, 381, 390, 391, 392, 393 y 399 del Código Penal Dominicano.

Afirmaron a través de su abogado George Andrés López Hilario, que los referidos magistrados se han defendido de la citada querella en la prensa escrita y digital utilizando argumentos falsos, lo que constituye una agravante en los tipos penales que se les imputan, tras ellos afirmar que: en fecha 3 de diciembre del 2018 mediante acto de alguacil se notificó a los jueces que en contra de la ordenanza en referimiento había sido interpuesto un recurso de casación.

‘’O sea a la fecha ya había sido juramentado el secuestrario judicial”, afirmación contraria a la verdad pues, lo cierto es que por instancia recibida en secretaría les fue requerido a Héctor Bienvenido de Jesús  Cabral, Ramón Emilio Inoa Peña, Miguelina Vargas  Santos y Gregorio Cordero Morales, jueces imputados, sobreseer y abstenerse de juramentar al secuestrario judicial designado, motivado en recurso de casación interpuesto contra la referida ordenanza.

Manifestaron que también es falso que dicha ordenanza, ilegalmente ejecutada, “era ejecutoria de pleno derecho en virtud de los artículos 105 y 127 de la Ley 834-78, del 15 de julio de 1978 y por disponerse en ordinar quinto su ejecución provisional, no obstante cualquier recurso que contra la misma se interpusiera”.

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