EL NUEVO DIARIO, MIAMI.- Organizaciones internacionales de prensa y derechos humanos solicitaron a la Justicia colombiana que declare un crimen de lesa humanidad el asesinato en 1998 del periodista Nelson Carvajal antes de que prescriba en menos de un mes, informó hoy la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
LA SIP, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), el Robert F. Kennedy Human Rights y familiares de la víctima hicieron este miércoles la petición al fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez.
«Para la SIP, el RFK Human Rights y la FLIP, el homicidio de Carvajal es un crimen de lesa humanidad», manifestó la SIP en un comunicado.
El próximo 16 de abril se cumplirán veinte años del asesinato de Carvajal a manos de un sicario que le disparó siete tiros cuando salía de la escuela Los Pinos, en la ciudad de Pitalito (sur de Colombia), donde era director.
Las organizaciones consideran que el asesinato «se enmarca en un ataque sistemático y generalizado contra un sector de la población civil y que fue perpetrado por actores estatales, estructuras de crimen organizado y grupos armados».
El caso fue sometido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que previsiblemente emitirá un fallo en las próximas semanas, recordó la entidad.
La SIP expresó que el caso de Carvajal es «emblemático» al evidenciar «el incumplimiento de los deberes internacionales del Estado colombiano para prevenir la violencia contra el periodismo y para juzgar y sancionar a los responsables».
Agregó que ilustra «la impunidad generalizada en los crímenes contra la libertad de expresión en América Latina y el Caribe».
La SIP, con sede en Miami, señaló que Carvajal reportaba sobre irregularidades en la administración pública, corrupción y lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
Recordó que el homicidio de Carvajal ocurrió en uno de los periodos más violentos contra la prensa en Colombia, en un contexto de ataques generalizados contra periodistas provenientes de estructuras criminales que incluían autoridades locales, paramilitares, guerrilleros y narcotraficantes.
Precisó que de acuerdo con la investigación penal, el crimen habría sido cometido por una alianza que involucra presuntamente a funcionarios, empresarios y miembros de la entonces guerrilla de las FARC.
El caso fue presentado en 2002 por la SIP al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en 2015 fue remitido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y más tarde el RFK Human Rights se unió a la representación legal de la familia en el litigio contra el Estado colombiano.
