EL NUEVO DIARIO, BUENOS AIRES.-La entrada en vigor de un nuevo decreto migratorio en Argentina, que agiliza la expulsión de los extranjeros que cometan delitos en el país, generó malestar entre las asociaciones de inmigrantes, que consideraron que se trata de una reforma que criminaliza a la inmigración y alienta la xenofobia.
Según explicó a Efe Marlene Pérez, miembro de la Red de Migrantes y Refugiados de Argentina -que aglutina a 35 organizaciones de la comunidad migrante en el país-, la reforma que se aplica desde el 31 de enero tira por la borda la presunción de inocencia de los extranjeros porque "el que delinque, antes de ser juzgado, tiene tres días para abandonar el país".
Para esta inmigrante boliviana afincada en Buenos Aires desde 1986, el cambio legislativo presume que el detenido es culpable porque el presidente Mauricio "Macri lo decide" y no porque haya sido juzgado antes de ser deportado, insistió.
Además, aseguró que la firma del decreto no se justifica porque, con base en cifras y estudios no citados, solo el 6 % de los presos que ocupan las cárceles del país es inmigrante. "No es que desbordó y que hay un 25, 30, 50, 70 %" de extranjeros entre rejas", comentó.
Según datos oficiales, el número de inmigrantes supone más del 21 % de la población retenida en las cárceles federales y en los delitos vinculados al narcotráfico asciende al 33 %.
Pérez reconoció que aunque la reforma "no recoge ningún muro" similar al planteado por el presidente estadounidense, Donald Trump, para separar EE.UU. de México, es un documento "totalmente inconstitucional" por no haber pasado por el Congreso.
Respecto a las declaraciones en las que miembros del Gobierno vinculaban a los peruanos, bolivianos y paraguayos con los delitos de narcotráfico, la activista sostuvo que la droga no entra "por los controles habituales".
"El narcotráfico es palabra mayor y el mismo Gobierno sabe por donde transita. No es un migrante, no es un boliviano, no es un peruano (…) no pongamos esta mochila a la inmigración", opinó.
Desde que reside en Buenos Aires, Pérez trabajó como empleada doméstica y vendedora ambulante hasta que con 30 años decidió estudiar psicología social. Reconoció que los comienzos fueron duros pero que Argentina la recibió con "los brazos abiertos".
Por su parte, Yefry Mosquera, peruano de 24 años y miembro de una familia de ocho hermanos, llegó a Buenos Aires para estudiar Periodismo porque en Perú resulta muy costoso acceder a la formación superior.
Cuando llegó se instaló en la villa Rodrigo Bueno, un asentamiento precario próximo a una de las zonas más caras de la ciudad porteña, donde coincidió con personas con escasos recursos que, en su mayoría, se ganan la vida con oficios que requieren poca cualificación, explicó.
A pesar de que ya no vive allí se considera "villero" y pidió que no se estigmatice a las personas por su lugar de nacimiento, ciudad o barrio.
"No por ser migrante vamos a delinquir, no por ser inmigrante vamos a ser narcotraficantes (…) somos personas que podemos cometer errores, pero las personas, no las nacionalidades", insistió el peruano, que también integra la Red de Migrantes y Refugiados de Argentina.
Mosquera incidió en que en la Universidad "no se divide a la gente en extranjeros y nacionales", sino que todos son estudiantes, e hizo hincapié en que para él Argentina es su patria.
"Me sentí un poco dolido al ver que una sociedad que luchó tantos años por sus derechos hoy se encuentre en el retroceso social y mental de poder entender que los derechos humanos se dividen en argentinos y migrantes", agregó.
En cambio, Martín Bautista, boliviano residente en el país austral desde hace seis años, consideró positivo que se refuerce el control de las fronteras para evitar la trata de personas, por ejemplo, y prevenir problemas futuros.
Desde la Dirección Nacional de Migraciones afirmaron que las puertas de Argentina están abiertas "para todos los hombres del mundo de buena voluntad" y agregaron que la ley marca "una diferencia entre delincuentes y personas que vienen a sumar el esfuerzo cotidiano a los argentinos".
Entre las causas que impiden el ingreso de extranjeros se encuentran tener condenas o antecedentes en Argentina o el exterior por tráfico de armas, de personas, de estupefacientes, de órganos o tejidos, o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas.
También haber incurrido "en actos de Gobierno o de otro tipo", que constituyan genocidio, crímenes de guerra, terrorismo o delitos de lesa humanidad y en cualquier acción susceptible de ser juzgado por la Corte Penal Internacional.
