EL NUEVO DIARIO, ASUNCIÓN.- La injerencia de la clase política en las decisiones judiciales, así como la corrupción en los órganos de Justicia de Paraguay, es uno de los asuntos de los que alertó el informe anual elaborado por la Coordinadora de Derechos Humanos (Codehupy) del país que fue publicado hoy.
El secretario ejecutivo de la organización, Óscar Ayala, aseguró en rueda de prensa que las fuerzas políticas del país se beneficiaron en los últimos años de la obtención de «determinados fallos» de la Justicia, así como de la «manipulación de los procesos judiciales».
Como ejemplo, Ayala recordó la «represalia» que llevó a cabo la Fiscalía en el mes de agosto, cuando presentó una acusación por mal desempeño contra los tres jueces que anularon las condenas de los acusados por la matanza de Curuguaty, en el norte de Paraguay, en la que murieron 17 personas en 2012.
Estos tres magistrados absolvieron este año a los once campesinos sobre los que pesaban penas de entre 4 y 30 años de cárcel por los incidentes que se produjeron durante el desalojo policial de una finca.
En el informe, se señala que esta decisión de la Fiscalía responde a una estrategia de «amenazas e intimidación» contra jueces garantistas, que está motivada por su «proximidad política» con el poder.
Por otro lado, califica como un «gran avance en la lucha contra la corrupción» el ingreso en prisión provisional del exfiscal general del Estado de Paraguay, Javier Díaz Verón, que se enfrenta a una causa por enriquecimiento ilícito, al no poder justificar el origen de 654.000 dólares (3.763 millones de guaraníes).
Asimismo, también cita como un «éxito» la condena a 10 años de prisión del expresidente del Instituto Paraguayo del Indígena, Rubén Darío Quesnel, por el desvío de 529.025 dólares (3.127 millones de guaraníes) que debían ser destinados a las comunidades Sawhoyamaxa y Yakye Axa.
La imputación del exsenador oficialista Óscar González Daher por enriquecimiento ilícito en la función pública y del secretario general del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Raúl Fernández Lippman, por tráfico de influencias y asociación criminal, son otros de los hitos que recoge el informe.
Ambos fueron acusados después de que se filtraran a la prensa unas grabaciones que, según el informe, demuestran que «procuraban decisiones jurisdiccionales a medida, favoreciendo todo tipo de componendas».
