Aunque el escándalo Odebrecht concitó casi toda la atención a lo largo del año, al implicar a exgobernantes y gran parte de la clase política nacional, la decisión del presidente Pedro Pablo Kuczynski de indultar a Fujimori el 24 de diciembre causó un terremoto político de consecuencias aún impredecibles.
Kucyznski anunció su medida pocas horas antes de la Navidad y solo tres días después de que el Congreso archivara un pedido para su destitución, presentado por la oposición luego de que se revelara que una de sus empresas hizo trabajos para Odebrecht entre 2004 y 2007.
El gobernante defendió su honestidad y logró salvar su cargo por un estrecho margen, ya que la petición no alcanzó los votos necesarios por la abstención de diez miembros de la bancada fujimorista, que domina el Legislativo.
Cuando gran parte de los sectores políticos y de la sociedad le pedían que fortaleciera su gestión, Kuczynski sorprendió con el anuncio del indulto a Fujimori por razones humanitarias, al señalar que la salud del exgobernante corría riesgo en prisión.
La decisión no fue bien tomada por un gran sector del país, que consideró que sembraba la impunidad, ya que el exmandatario cumplía una condena a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, y por la celeridad con que se aprobó el beneficio.
En la opinión pública nacional creció la idea de que, en realidad, se trató de un acuerdo político para que Kuczynski se mantenga en el cargo a cambio de permitir la liberación de Fujimori.
El año terminó, de esa manera, en medio de acusaciones de todo calibre, renuncias de funcionarios en desacuerdo con el indulto y protestas ciudadanas que hacen pensar que el régimen afrontará un escenario político muy adverso durante el 2018.
A esto se sumará la onda expansiva del escándalo Odebrecht, aún imprevisible en el país, con la maquinaria legal en marcha y juicios e investigaciones para todos los gustos y colores.
Desde que se comenzaron a conocer las confesiones de Marcelo Odebrecht y de su exrepresentante en Perú, Jorge Barata, ante la Justicia estadounidense y brasileña, el país vivió un año plagado de revelaciones sobre prácticas de corrupción que no han perdonado ni a un partido, ni a un Gobierno.
Cronológicamente, la tormenta se desató a principios de febrero, después de que Odebrecht confesó ante la Justicia de EEUU haber pagado en Perú entre 2005 y 2014 sobornos por 29 millones de dólares, años que comprenden los Gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016).
En febrero, la policía irrumpió en la casa de Toledo en Lima para buscar información sobre los supuestos 20 millones de dólares que habría recibido para facilitar negocios de la constructora.
Al poco, había una orden de busca y captura internacional en su contra y una solicitud de extradición a EEUU, donde reside y desde donde aún clama por su inocencia y denuncia que existe una persecución política en su contra.
El presidente Kuczynski fue ministro de Toledo y un sector de la oposición apunta a que, en el mejor de los casos, supo de la corrupción de su entonces jefe o, incluso, fue parte de ese entramado, una opinión que será investigada por la Fiscalía.
Humala y su esposa, Nadine Heredia, son de momento los únicos en prisión, donde ingresaron en julio, apenas un año después de haber dejado la presidencia, mientras se les investiga por el dinero que supuestamente recibieron de la empresa para sus campañas políticas.
Contra Alan García, uno de los políticos más poderosos del país, el caso es un poco más difuso y de momento la investigación en su contra solo es preliminar, aunque ha sido llamado para participar como testigo en otras investigaciones contra ex altos funcionarios de su segundo gobierno (2006-2011).
Mientras, la lideresa opositora Keiko Fujimori, hija mayor del expresidente Fujimori, también se vio envuelta en el caso después de que su nombre apareciera en documentos incautados a Marcelo Odebrecht y éste reconociera haber financiado su campaña electoral.
Keiko ha negado este extremo al tiempo que sus seguidores en el Parlamento, donde ostentan la mayoría, intentan desprestigiar las confesiones de Odebrecht y dificultar cualquier paso de la fiscalía y el Poder Judicial que pueda poner en peligro a su líder.
El caso es que esas mismas confesiones pusieron en duda y bajo el radar de la Justicia a la exalcaldesa de Lima Susana Villarán, un icono de la izquierda peruana que también habría recibido dinero de Odebrecht para una campaña electoral.
Sobre Villarán pesa ahora una prohibición para salir del país, mientras una profunda desazón ha calado entre sus seguidores, que creían a la izquierda política fuera de esa mancha y que la corrupción era patrimonio de la derecha política y empresarial.
Por EFE
