EL NUEVO DIARIO, QUITO.- La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) convocó a sus bases a participar en un «plantón de apoyo» a su máximo líder, Leonidas Iza, que el lunes será procesado por una supuesta afectación a un servicio público durante las protestas contra el Gobierno de días pasados.
«Plantón de apoyo y solidaridad con Leonidas Iza, presidente de la Conaie, acusado injustamente por el Gobierno que pretende criminalizar la protesta social», señaló en Twitter la organización indígena.
Recordó que la audiencia tendrá lugar este lunes en el Complejo Judicial de Latacunga, la capital de la provincia de Cotopaxi, cerca de donde Iza fue detenido la madrugada del 14 de junio.
El líder indígena fue arrestado en el sector de Pastocalle, donde grupos de campesinos habían cerrado una carretera en el marco del «paro nacional indefinido» convocado por la Conaie contra la política económica del Gobierno y la carestía de la vida, una protesta que se extendió hasta el pasado 30 de junio.
«Pueblos en alerta en la audiencia de juicio», añadió la Conaie en su mensaje por la red social, donde otras organizaciones sociales han expresado su temor de una «criminalización de la protesta social».
En el proceso se prevé que intervengan el presidente de la República, el conservador Guillermo Lasso, y su ministro del Interior, Patricio Carrillo.
La protesta indígena, apoyada por sindicatos y otros grupos sociales, concluyó el pasado 30 de junio con un «Acta de paz» suscrita por las dos partes, que contenía compromisos del Gobierno y soluciones parciales a las demandas de la Conaie, sobre todo la reducción de 15 centavos en el precio de la gasolina regular y el diésel.
La detención de Iza, en el inicio de la protesta, avivó las manifestaciones, aunque a pocas horas una jueza de Latacunga, tras aceptar como válido el arresto, lo dejó en libertad bajo condiciones de presentarse periódicamente ante el tribunal, mientras continuaba el proceso.
Según la defensa de Iza, en su detención se habrían cometido una serie de vulneraciones de derechos constitucionales.
El abogado Carlos Poveda había advertido sobre una detención arbitraria y a la fuerza, y que no se le leyeron sus derechos constitucionales al momento del arresto, como dicta la norma, algo que fue negado por el Ministerio del Interior.
Poco después de su detención, el presidente Guillermo Lasso justificó los arrestos y denunció actos de vandalismo provocados por los manifestantes.
Lasso incluso rompió un proceso de diálogo en el que participaba el mismo Iza, y lo increpó de supuestos intentos desestabilizadores, aunque luego avaló los acuerdos y el «Acta de paz» que puso fin a la movilización social.
Durante los 18 días de protestas, el Gobierno declaró en dos ocasiones estados de excepción en ciertas provincias, pero sólo se mantiene en vigor en las andinas de Imbabura y Azuay, y en las amazónicas de Sucumbíos y Orellana,
No obstante, el mandatario derogó el toque de queda nocturno que había impuesto en las de Azuay, Sucumbíos y Orellana.
