Inclusión laboral de personas con discapacidad en la Administración Pública

Por Laura Virginia Díaz Gómez miércoles 1 de mayo, 2019

El Estado está llamado a propiciar una plataforma adecuada que estimule las oportunidades y el desarrollo de todos los grupos en la sociedad. La Constitución de la República Dominicana consagra la protección de las personas con discapacidad, y establece que el Estado deberá promover, proteger y asegurar el goce de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de dichas personas, en condiciones de igualdad, así como el ejercicio pleno y autónomo de sus capacidades, adoptando las medidas positivas necesarias para propiciar su integración familiar, comunitaria, social, laboral, económica, cultural y política. Si bien es cierto, que la incorporación de estos grupos vulnerables ha ido ampliando en los últimos años, todavía hay esferas y ambientes en los cuales su participación es mínima.

En cuanto al aspecto laboral, si analizamos las fuentes de empleos en la República Dominicana, podemos constatar que el sector público es el principal empleador en todo el territorio, en ese sentido, las políticas, proyectos y programas que impulse, ocasionan un impacto positivo o negativo en la sociedad, dependiendo de cómo se aborden e implementen.

En los últimos años hemos visto que los gobiernos dominicanos ratifican los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el trabajo decente y crecimiento económico, es el objetivo 8, el cual tiene como meta, lograr el empleo productivo y pleno para todos los hombres y mujeres, incluyendo a jóvenes y personas con discapacidad. De igual manera, el objetivo 10, nos establece la reducción de las desigualdades, donde los Estados deben potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica y otra condición.

Por consiguiente, los actores involucrados deben asumir de manera responsable las metas de integración y protección de las personas con discapacidad, creando espacios para asegurar la inclusión en todas las etapas de su vida. Es importante señalar que nuestros gobiernos han ido implementado políticas públicas orientadas a la inclusión social, las mayorías dirigidas a los temas de educación, salud, entre otros, pero muy pocas concernientes a la generación de empleos. Tenemos la firme convicción de que todo empieza desde la formación primaria, pero somos conscientes que esta inclusión no puede limitarse solo a ella.

La administración pública como el mayor empleador del país, tiene el deber de garantizar que las personas con discapacidad tengan el mismo derecho de acceso a los empleos, mediante la promoción de las medidas que sean necesarias para asegurar el ejercicio de los derechos de todos en condiciones reales y efectivas de igualdad.

La Ley núm. 41-08 de Función Pública, en su artículo 3, numeral 2, dispone que el ejercicio de la función pública está regida por el principio de “igualdad de acceso a la función pública, derecho universal de acceder a los cargos y a las oportunidades de la función pública sin otro criterio que el mérito personal y sin discriminación de género, discapacidad o de otra índole”.

Igualmente, la a través de la Ley General sobre la Discapacidad, en su artículo 93, párrafo II, establece: “… CONADIS procura que las instancias públicas y privadas garanticen la participación y la inclusión laboral de las personas con discapacidad en su nomina de empleos, esta participación no será inferior al 5% y 2% respectivamente”.

En esta línea, el gobierno dominicano por medio del programa República Digital, tiene entre sus pilares la inclusión social, buscando contribuir en la reducción de la brecha digital y la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, además de asegurar el enfoque de inclusión en cada uno de los proyectos que componen dicho programa.

La revolución tecnológica es el instrumento idóneo para emplear, en efecto, la aparición de las nuevas tecnologías y adaptaciones tecnológicas, permiten a las personas con discapacidad desempeñar puestos de trabajo en los que hace años estaban prácticamente excluidos. Estas adaptaciones mitigan las dificultades derivadas de la movilidad, la audición o la visión reducidas, posibilitando que las personas con discapacidad utilicen su potencial en el ámbito laboral, en condiciones normalizadas.

El país debe reconocer las cualidades de las personas con discapacidad, aprovechar su talento destruyendo las barreras para acceder a los empleos, esto se puede conseguir con el acceso a los sistemas tecnológicos, apoderándolos con las nuevas tecnologías y disminuyendo cualquier tipo de brecha que pueda existir. De esta manera conseguiremos poner en práctica uno de los principios de la Agenda 2030, que es : “No dejar a nadie atrás”.

 

Por Laura Virginia Díaz Gómez

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