El atropello y agresión física cometida el domingo por agentes policiales contra personas indefensas que vinieron desde El Seibo a protestar en las inmediaciones del Palacio Nacional, es indignante, y coloca a las autoridades en una actitud de intolerancia contra un sagrado derecho constitucional, que es la protesta pacífica.
Una aparente incapacidad para solucionar un problema de reclamo de tierra, reduce la respuesta gubernamental a un exceso injustificado, por demás innecesario e incomprensible.
Episodios como esos son los que nos colocan en el plano internacional como país que viola los derechos humanos, tacha que intentamos refutar sin poder borrar los hechos inocultables.
La embestida contra los peregrinos de El Seibo es inaceptable.