EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público informó este miércoles que fue impuesta una medida de coerción de seis meses de prisión preventiva suspendida condicionalmente, arresto domiciliario, y el pago de una multa de salario mínimo de 10 mil pesos, en contra de un hombre al cual el Tribunal Superior Electoral (TSE) condenó por este haber realizado proselitismo político y comprar votos el pasado 15 de marzo.
Asimismo, se indicó que el hecho ocurrió en un recinto electoral ubicado en el sector Hato Mayor, ubicado en la provincia de Santiago, en las pasadas elecciones municipales extraordinarias.
Mediante nota de prensa, se identificó al imputado como Yeyson Arias Fernández, de 33 años de edad, quien admitió haber incurrido en los delitos antes mencionados frente a un centro electoral durante los referidos comicios.
El juez especial de la instrucción del Tribunal Superior Electoral (TSE), Ramón Arístides Arias Madera, estuvo a cargo de dictar la sentencia contra Arias Fernández de seis meses de prisión, suspendida condicionalmente.
La condena se produjo durante un juicio penal abreviado, celebrado de forma virtual, en el cual el juez acogió un acuerdo que suscribió el imputado con la Procuradora Especializada para la persecución de los crímenes y delitos electorales, que preside de manera interna la procuradora general adjunta Gisela Cueto, y la Procuraduría Fiscal de Santiago.
La sanción fue impuesta luego que el TSE homologara un acuerdo pleno llevado a cabo mediante el procedimiento penal abreviado entre la Fiscalía de Santiago, representada por la Procuraduría Especializada para la Investigación y Persecución de los Crímenes y Delitos Electorales, y el encartado.
Durante la audiencia, el imputado dijo que firmó el acuerdo de forma voluntaria, sin recibir presión, en cuyo documento admitió los hechos que se le atribuyen.
Dicha medida fue impuesta en virtud de lo establecido en los artículos 363, 364 y 365 del Código Procesal Penal Dominicano y las sanciones establecidas en el artículo 282, numerables 6 y 7 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral No. 15-19.
El acuerdo establece que Arias Fernández durante los seis meses de la prisión suspendida deberá residir en el último domicilio aportado a las autoridades, y en caso de cambio del lugar de residencia, éste deberá notificarlo al juez de ejecución de la pena para que éste tenga conocimiento de su ubicación, conllevando la violación del acuerdo a que deba cumplir la prisión en un recinto penitenciario.
Asimismo, deberá abstenerse de visitar lugares de expendio de bebidas alcohólicas y donde se practiquen juegos de azar, así como de viajar al extranjero, ingerir en exceso bebidas alcohólicas, visitar puntos de venta de drogas y de consumir sustancias controladas, y portar o poseer armas blancas o de fuego.
El TSE, previo a su decisión, validó diferentes pruebas que fueron aportadas por el órgano acusador por ser incorporadas al proceso de conformidad a la norma procesal vigente, así como por tener pertinencia y utilidad para acreditar la teoría probatoria del Ministerio Público.
Arias Fernández fue sometido a la justicia el pasado mes de marzo, logrando el Ministerio Público la imposición de medidas de coerción consistente en una garantía económica en efectivo por un monto de RD$20 mil y presentación periódica el último viernes de cada mes.
En torno al caso el Ministerio Público indicó, que mientras miembros de la Fiscalía del Distrito Judicial de Santiago realizaban un recorrido de prevención y persecución de los delitos y crímenes electorales durante las elecciones municipales, recibieron una llamada telefónica anónima de que en un recinto electoral que funcionaba en la calle Pedro Mir, del sector Hato Mayor, provincia Santiago, se encontraba un desconocido promoviendo y utilizando recursos económicos para la compra de votos.
En ese sentido, indicó que luego de recibir la denuncia, un equipo de fiscales y miembros de la Policía Electoral se trasladó al lugar, donde confirmaron los hechos denunciados al encontrar al encartado realizando las referidas actividades en violación a la Ley Orgánica de Régimen Electoral.
