EL NUEVO DIARIO, PUERTO PLATA.- Una empresa de capital extranjero que desarrolla un proyecto turístico de villas y apartamentos en la zona de Cofresí denunció hoy que los equipos y personal de las firmas que trabajan en la construcción fueron “expulsados forzosamente la semana pasada, por civiles armados que ocuparon la propiedad e impiden el acceso a ella”.
En rueda de prensa ofrecida aquí, los abogados que representan la firma Esmiralda informaron que presentaron hoy miércoles un recurso de amparo solicitando que se proteja el derecho a controlar y utilizar su propiedad; que ésta le sea devuelta y se aplique una multa de 500 mil pesos por cada día que se mantenga la ocupación.
En el recurso depositado ante la magistrada juez presidente del Tribunal de Tierras de jurisdicción original del Distrito Judicial de Puerto Plata, en atribuciones de juez de amparo, denuncian que forman parte de la seguridad privada de Lifestyle, la empresa vecina, los civiles armados que ocuparon su propiedad de manera “abrupta, perturbadora y en violación del derecho de propiedad que le asiste, sin ninguna justificación ni autorización judicial”.
El consejo de defensa de Esmiralda lo integran los licenciados Nelson Manuel Jáquez Suárez, Samir Alfonso Mateo Coradín, Nelson Emmanuel Camilo Garrido y Luis Eduardo Hernández Báez.
El abogado Nelson Jáquez explicó –y consta en el recurso- que Lifestyle y su presidente Markus Wischembart, además, tienen “completamente controladas, secuestradas, todas las vías públicas de acceso a la propiedad” de Esmiralda y le impidió el reingreso y sigue obstaculizando la entrada a los constructores, a sus representantes y abogados”.
Jáquez señaló que el Artículo 51 de la Constitución establece que el “Estado reconoce y garantiza el derecho de propiedad’, y toda persona “tiene derecho al goce, disfrute y disposición de sus bienes”. Además establece que “ninguna persona puede ser privada de su propiedad, sino por causa justificada de utilidad pública o de interés social, previo pago de su justo valor”, y dicta que el Estado “promoverá, de acuerdo con la ley, el acceso a la propiedad, en especial a la propiedad inmobiliaria titulada”. Estos mismos principios constan en la Convención Americana de los Derechos Humanos.
Los abogados de la propietaria de la parcela ocupada indican que “las actuaciones arbitrarias de Lifestyle, aún sean ejecutadas por una autoridad pública o por cualquier particular, representan una seria amenaza a los derechos sustantivos, especialmente al derecho de propiedad”.
Esmiralda documentó ante el tribunal, explicó el abogado, que es propietaria de una parcela de 66 mil metros cuadrados, en el Distrito Catastral número nueve de Puerto Plata, que está subdividida en 24 parcelas como parte del proyecto inmobiliario turístico que desarrolla, y sólo cuatro de estas que suman ocho mil metros tienen contratos de opción de compra con terceros.
Esmiralda explica en su recurso que en los inmuebles registrados a favor de Esmiralda existen actualmente 7 villas de lujo completamente habitables y otras 7 en proceso de construcción y se han iniciado los trabajos para levantar 120 apartamentos.
Estas actividades están a cargo de las empresas de ingeniería Inversiones Sendarion, S.R.L. representada por el ingeniero Alfredo Gómez y Contratistas Eléctricos de Santiago, SRL, representada por el ingeniero Manuel de Jesús Vargas Jiménez. Su personal y equipo fueron desalojados bajo amenaza el pasado jueves.
Jáquez explicó que el recurso de amparo reclamando que se le reconozca y proteja a Esmiralda sus derechos sobre una propiedad legítimamente registrada en su nombre y ocupada por la seguridad privada de Lifestyle, no guarda relación con el litigio civil entre estas dos empresas, iniciado en agosto pasado por la demanda de Esmiralda de terminación del contrato firmado con Lifestyle en el 2010.
