Historia del problema fronterizo dominico-haitiano

Por Jottin Cury hijo

Cuando se suscribió el Tratado de Aranjuez en 1777 entre Francia y España, estableciendo los límites fronterizos en La Española, la primera intentó sacar provecho del Tratado de Paz de Ryswick de 1697. En otras palabras, el propósito de Francia era tomar ventaja del acuerdo de 1697 en el que se consignaba que los territorios serían recuperados por sus antiguos dueños antes del conflicto que precedió al referido Tratado de 1697. Claro, la posesión de los franceses en la parte que actualmente ocupa Haití era ilegal y se toleró como una especie de hecho cumplido y, además, por las buenas relaciones que durante el siglo XVIII existió entre los monarcas de ambas naciones. De manera que los límites del Tratado de Aranjuez fueron los que prevalecieron durante largo tiempo.

Tanto es así, que en la obra “El Centinela de la Frontera” del Dr. Joaquín Balaguer, en las batallas de la Independencia los límites de Aranjuez fueron los que sirvieron de pauta a los próceres dominicanos para delimitar la línea divisoria entre ambos países. No pocas veces Antonio Duvergé, quien siempre tomó la ofensiva en los combates decisivos, penetró en diversas ocasiones al suelo del adversario. Ahora bien, años después, en 1911, el Cuerpo de Ingeniería de la marina norteamericana elaboró un plano con límites distintos al señalado por el Tratado de Aranjuez. Eso se debió a que se habían asentado poblaciones haitianas en territorio dominicano, razón por la cual parecería que las líneas se trazaron siguiendo los ilegales asentamientos en nuestro suelo. Así las cosas, se consideró que esas poblaciones rurales se encontraban en zonas del vecino país, cuando en realidad se trataba de territorio dominicano.

Posteriormente, en 1915 los Estados Unidos invadieron Haití y salieron en 1934; en cambio, en 1916 se hizo lo propio en la República Dominicana para abandonar el suelo patrio en 1924. Pero previamente se había trazado un plano que desconocía los límites del Tratado de Aranjuez. A partir de 1918 los norteamericanos comenzaron a trasladar ilegalmente hacia este lado de la isla a trabajadores agrícolas haitianos. El amigo Luis Ventura, en un interesante trabajo inédito sobre el problema dominico-haitiano, expresa: “En 1929 los Estados Unidos obligaron a Horacio Vásquez y a Luis Bornó a definir mediante un tratado la línea de división fronteriza que debía dividir ambos Estados; misión esa muy difícil ya que para la República Dominicana la línea de división con Haití era el Tratado de Aranjuez; mientras para Haití (esa línea incluía los territorios dominicanos que habían ocupado entre 1804 y 1911, la que tendía a coincidir con la línea de división indicada en el plano de 1911”.

En ese sentido, las cinco dificultades que presentaron las autoridades haitianas en 1929 se apoyaron en el trazado de un plano elaborado sin ningún rigor histórico. Más todavía, se desconoce hasta el día de hoy quién ordenó confeccionar ese plano que sirvió de pretexto para que a nuestro país se le sustrajeran miles de kilómetros cuadrados de territorio. Todo apunta que Trujillo accedió a regañadientes a la presión norteamericana, cediéndole finalmente a los haitianos una considerable porción de nuestro territorio en 1936. De ahí deriva el incidente de 1937 en la frontera norte. De conformidad con lo planteado por Ventura “la respuesta como protesta soterrada a esa imposición fue la aprobación de la Ley de Migración No.1343 del 20 de junio de 1937, cuyo cumplimiento inició de manera no violenta pero compulsiva en septiembre de ese año, la que arreció cuando se cumplió el plazo para que los ilegales haitianos salieran voluntariamente del territorio nacional antes de 2 de octubre de 1937”. En consecuencia, todo parece indicar que la intención no era aniquilar extranjeros ilegales, sino deportarlos, y fueron los acontecimientos de Dajabón los que produjeron los muertos de 1937.

En cuanto a los muertos y heridos de aquel entonces, Bernardo Vega transcribe en su libro “Trujillo y Haití”, volumen 1, páginas 386 y 387, un listado con los nombres de las personas muertas en esos acontecimientos que inició el 7 de octubre de 1937, indicando que hubo cientos de muertos, y ya a finales de diciembre ascendían a 12, 168 según Lescot (funcionario haitiano de la época). Es de suponer, por tanto, que alguien contó el número de víctimas o tenía documentos oficiales para avalar esas afirmaciones. De conformidad con Luis Ventura, “no se sabe cuáles informaciones oficiales, haitianas o dominicanas, sirvieron de base a tales estimaciones, toda vez que solo las autoridades haitianas (entre Restauración y Monte Cristi) recibieron denuncias de los afectados, las cuales fueron recogidas por jueces de paz y oficiales del ejército haitiano”. Esas informaciones fueron transmitidas a las autoridades dominicanas y parecerían arrojar el resultado de que los muertos eran menos de doscientos (conforme a las declaraciones que aparecen en los archivos de la Cancillería dominicana) y los que decían que habían escuchado que habían sido exterminados eran más de dos mil en principio. Luego esas cifras fueron aumentando de acuerdo con lo expresado por Bernardo Vega.

Al margen de lo afirmado por las personas citadas en la obra de Vega, lo cierto es que en el Acuerdo de Washington  de 1938 se consignó: que en octubre de 1937 numerosos haitianos ilegales en República Dominicana fueron ultimados en la frontera Norte de ambos Estados; que el Gobierno dominicano ha expresado su reprobación oficial por esos acontecimientos, y que procederá a una investigación para establecer responsabilidades y aplicar sanciones; que el Gobierno dominicano no se responsabiliza por esos sucesos; y finalmente, la intención del Gobierno dominicano para liquidar definitivamente por vía transaccional cualquier reclamación de las autoridades haitianas que tuvieren sus causas en esos desafortunados eventos para indemnizar a los afectados. Esos puntos fueron incorporados en el Acuerdo de Washington de 1938, suscrito por ambos países con el aval de los Estados Unidos, Cuba, México y la Comisión Permanente de la Unión Panamericana (actual OEA).

El resultado de haber llevado el problema dominico-haitiano de 1937 a la Unión Panamericana se tradujo en que el artículo 10, numerales 1, 2, 3 y 4 de dicho acuerdo, así como el modus operandi reconoció y fortaleció la Ley de Migración No. 1343 de 1937, cuya implementación dio origen a los desafortunados hechos de 1937. Las conclusiones finales sobre estos acontecimientos en cuanto a las estimaciones y cuantificaciones de los muertos de 1937 se basan: 1. pocas pruebas y muchos rumores no confirmados sobre el número de muertos; 2. el interés político de opositores de Trujillo por aumentar el número de muertos para presentarlo como un asesino incontrolable ante sus protectores, sin indicar las fosas comunes en las cuales se encuentran sus restos; 3. ignorar consciente o inconscientemente el derecho soberano que poseen los Estados para regular los extranjeros que residen en su territorio de manera legal (ya que los ilegales deben ser deportados en cualquier país del mundo); 4. los haitianos complicaron el problema creado en 1937, al negociar directamente con las autoridades dominicanas la solución de la crisis originadas en la frontera Norte y al mismo tiempo solicitar a estados foráneos: aportar sus buenos oficios a la solución de dicho problema, pues al hacer esto último implicaba recurrir a la doctrina Gondra para prevenir conflictos entre los Estados americanos; 5. los acontecimientos de 1937 se pudieron haber evitado si las autoridades haitianas hubiesen colaborado con las dominicanas antes de 1937, castigando los delitos que cometían los haitianos ilegales en territorio dominicano, entre otras irregularidades que pudieran citarse, cuando se refugiaban en Haití.

Esperamos que estas reflexiones sobre hechos ocurridos y convenidos entre las partes sirvan para esclarecer aspectos históricos sobre los cuales se suscitan dudas por las imprecisiones, intereses y manipulaciones de las partes comprometidas en los mismos.

POR JOTTIN CURY

*El autor es abogado y experto constitucional.

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