EL NUEVO DIARIO, TEGUCIGALPA.- El presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, le pidió hoy al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, «retomar las mesas de diálogo» entre su país y el ente hemisférico «sobre temas de interés mutuo».
La petición la hizo Hernández en una carta dirigida a Almagro después de que la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), de la OEA, denunciara el pasado 24 de enero que una reforma a la Ley Orgánica del Presupuesto aprobada por el Parlamento es para «frenar» investigaciones sobre corruptelas en el país.
Hernández fundamenta su petición «en consideración al deseo del Gobierno de Honduras de obtener los mejores resultados de la cooperación con la Organización de Estados Americanos, y en función de los propósitos con los cuales Honduras ha suscrito compromisos internacionales en materia de lucha contra la corrupción».
Esos propósitos buscan «garantizar una oportuna prevención, detección y sanción de acciones ilícitas, conforme a la Convención Interamericana contra la Corrupción, y en concordancia con los propósitos de la carta Democrática Interamericana», añade la misiva.
Señala además el presidente hondureño que su Gobierno «procura fortalecer el Estado de derecho, sus propias instituciones y la construcción de confianza entre gobernantes y gobernados».
El jefe del ejecutivo se refiere en la carta a «las diferencias surgidas» por la aprobación, el 18 de enero, en el Parlamento hondureño, de la reforma del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República.
Las diferencias, agrega la carta, deben resolverse en el marco de los procedimientos claramente determinados en el Convenio Suscrito entre el Gobierno de Honduras y la Secretaría General de la OEA para el establecimiento de la Maccih en el país, en abril de 2016.
Además, dado que ambas partes están comprometidas en la lucha contra la corrupción y la impunidad, Honduras considera que «toda controversia entre las partes, relacionada con la interpretación o con la aplicación del Convenio, debe de resolverse mediante los procedimientos establecidos en dicho Convenio», subraya la misiva.
La controversia también se debe resolver «por el diálogo directo o por cualquier otro medio de solución convenido como reza el mismo instrumento internacional, y por las acciones que las instituciones nacionales puedan adoptar en función de sus atribuciones constitucionales y legales», indicó Hernández a Almagro.
El vocero de la Maccih, Juan Jiménez, denunció que la reforma aprobada por el Parlamento hondureño pretende «frenar las investigaciones presentes y futuras de aquellos altos funcionarios que se han apropiado de los dineros públicos».
En una rueda de prensa, Jiménez indicó que esa reforma es una «pretensión inconstitucional que busca imponer un requisito de procedibilidad de la investigación y de la acción penal que contraviene el artículo 232 de la Constitución».
El Parlamento de Honduras rechazó el mismo día la denuncia de la Maccih, y calificó de «malintencionadas» las declaraciones de Jiménez y señaló que la reforma a la Ley Orgánica del Presupuesto se aprobó con el apoyo de 60 diputados de los 128 que tiene el Parlamento, once abstenciones y dos votos en contra.
La reforma, según el Parlamento, «lejos de generar impunidad, promueve la transparencia y la rendición de cuentas, ya que pide que se investiguen todos los movimientos de recursos destinados a proyectos comunitarios y ayudas sociales, desde el gobierno del (expresidente) Manuel Zelaya (2006-junio 2009) hasta el presente».
Además, el Parlamento atribuyó a una «fe de errata» en la publicación de la reforma en el diario oficial La Gaceta, la interpretación que ha hecho la Maccih, cuyo vocero también ha recomendado que se derogue lo aprobado por los diputados.
