EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Un extraordinario hermetismo y silencio dominan el entorno de la Procuraduría General de la República (PGR), ante una cada vez mayor expectativa nacional por las acciones judiciales que se espera habrá de iniciarse en cualquier momento contra los imputados en los 92 millones de dólares que pagó en sobornos la multinacional Odebrecht, para poder agenciarse contratos millonarios de obras importantes en infraestructura.
Las máximas autoridades del Ministerio Público trabajan “a todo vapor” lo que es la parte final de la evaluación y análisis de los documentos enviados por sus iguales de Brasil, expediente que involucra a un grupo de funcionarios y ex funcionarios dominicanos, así como a particulares, en los sobornos que la propia empresa constructora admitió pagó en la República Dominicana.
Probablemente, desde la Procuraduría General de la República, con instrucciones especiales, se estaría agotando una espera para “ganar tiempo” en lo que “se cotejan cuestiones y asuntos políticos» que con toda seguridad quedarían afectados con la publicación de los nombres de los involucrados.
Asimismo, la PGR dedica acciones particulares en la instrumentalización de aquellos expedientes de imputados que conservan inmunidad parlamentaria, como los legisladores, casos estos que deberán ser conocidos exclusivamente en la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
Los demás acusados irán a los tribunales ordinarios, aunque la transición que tomen los procesos, por cuestiones de casación que seguramente se presentarán, haría que también lleguen a la máxima instancia, los jueces de la Suprema Corte.
Ayer circularon fuertes rumores en el sentido de que el Ministerio Público comenzaría en la fecha a emitir órdenes de arrestos contra el grupo que ha sido señalado por recibir sobornos millonarios, y cuyas identidades apenas se conocen de manera extraoficial.
Y es que la propia Procuraduría General de la República ha dicho que no será hasta que el caso sea apoderado de los tribunales, cuando se conozcan pública y oficialmente los nombres de los imputados.
Mientras, hay una presión social cada vez más activa exigiendo que este caso en particular tenga consecuencias penales para los culpables, a manera de sentar un precedente contra la corrupción y la impunidad en la República Dominicana.
