Hacienda proyecta economía crecerá por encima del 5 % este año y el próximo

Por EFE martes 27 de marzo, 2018

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El ministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, vaticinó que la economía dominicana crecerá por encima del 5 por ciento este año y en el 2019 dadas las proyecciones económicas de Estados Unidos, de donde proviene el 38 % de los turistas, el 74 % de las remesas y receptor de 48 % de las exportaciones nacionales.

El funcionario sostuvo que la realidad del país contrasta con la de la mayoría de las naciones de América Latina, ya que el producto interno bruto (PIB) real creció a una tasa promedio anual de 6,1 %, sustentado en el dinamismo de diversos sectores productivos como el turismo, la manufactura de zonas francas, la agricultura y los servicios financieros.

El funcionario habló en el marco del XXX Seminario Regional de Política Fiscal, que organizó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en la ciudad de Santiago, en Chile, donde tuvo una intervención dentro del panel “Desafíos de la política fiscal en un entorno de lento crecimiento económico”.

Dijo que la combinación de crecimiento económico, gasto social correctamente focalizado, programas de apoyo a sectores generadores de empleo (agro y mipymes) y una nueva estrategia para asignar la obra pública, incluyendo a pequeños contratistas locales, se tradujo en una reducción de la tasa de pobreza monetaria de 39,7 % en 2012 a 25,5 % en 2017.

“Esos 14 puntos porcentuales significan que 1,2 millones de dominicanos salieron de la pobreza en los últimos 4 años, sin dudas: el mayor logro de la administración del presidente Danilo Medina porque demuestra que ejecuta un modelo de crecimiento económico claramente inclusivo”, declaró Guerrero, a través de un comunicado.

Afirmó que el Gobierno dominicano ha contribuido al crecimiento garantizando la estabilidad macroeconómica a través de una adecuada política monetaria. Recordó que la inflación en ese período fue de 2,7 % promedio anual y la depreciación de la moneda se situó en 3,7 %.

Asimismo, citó que el compromiso que las actuales autoridades asumieron con la consolidación fiscal llevó el déficit primario del Gobierno central del 4,2 % del PIB en 2012 a cero en 2016 y 2017.

“Manteniendo la disciplina fiscal el gobierno enfrentó una debilidad histórica que es el déficit del sector eléctrico, a través de la construcción de una planta de bajo costo de generación y el desarrollo de un programa de reducción de pérdidas de energía en el segmento de distribución”, precisó.

En ese contexto de “elevado dinamismo”, el ministro de Hacienda sostuvo que el principal desafío en materia fiscal es incrementar los ingresos tributarios de forma que las autoridades puedan disponer de los recursos necesarios para cumplir con el programa de políticas sociales que ejecuta la administración del presidente Medina, la agenda de desarrollo nacional y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Manifestó que para lograr esos tres propósitos se desarrolla una programa de mejora en la administración tributaria y lucha contra la evasión que incluye un agresivo plan de fiscalizaciones de la Dirección General de Impuestos Internos, la intensificación del uso de tecnologías, una mayor coordinación entre las agencias recaudadoras y la incorporación del delito tributario como precedente en la Ley Antilavado.

“El aumento de las recaudaciones es necesario porque deberán dedicarse más recursos para el gasto social y en infraestructura, así como para mejorar la calidad de los servicios públicos a fin de que los ciudadanos vean cumplidas sus legítimas aspiraciones”, acotó.

Guerrero Ortiz indicó que para mejorar la calidad del gasto se avanza hacia un presupuesto por programas, de alcance plurianual y orientado a resultados con la finalidad de maximizar los resultados logrados con cada peso que ingresa al presupuesto.

En cuanto a las infraestructuras, el funcionario indicó que es cada vez más evidente que el Estado debe auxiliarse de la participación del sector privado para lo que se está creando el marco legal que regirá el funcionamiento de las alianzas público-privadas.

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