En los últimos años, muchos países de América Latina han experimentados reformas importantes en el Estado y particularmente en la Administración Pública. En este sentido, la cuestión de la ética aparece junto a estas transformaciones y cambios. La adopción de códigos, de regulaciones éticas, así como de la realización de sistemas de transparencia y rendición de cuentas es prueba de la importancia y del rol que ha venido jugando la ética en todos estos procesos e incorporar mecanismos tendente hacia la construcción de un estado ético y transparente en donde el fin último es lograr confianza y legitimidad de las políticas públicas que se realizan en toda gestión gubernamental.
Hoy en día se reconoce la existencia de que la corrupción, la opacidad, la falta de transparencia y acciones antiéticas es un problema ya generalizado en nuestra sociedad que genera la desconfianza de los ciudadanos en los representantes políticos, en los gobernantes y en los administradores públicos.
En tal sentido tenemos una ciudadanía cada vez más empoderada y sensible que demanda y espera una conducta digna de los gestores de políticas públicas, de hecho, la corrupción no es sino una de las manifestaciones de la crisis de valores en un estado social, democrático y de derecho.
Uno de los reclamos de la sociedad, sobre todo en estos tiempos de cambios, es la atención que ésta debe recibir de su gobierno. Dicha atención se manifiesta a través de la satisfacción de las demandas de la comunidad, así como de una mayor expectativa en el nivel de vida de los ciudadanos. Sin embargo, ni los gobiernos ni las administraciones públicas han logrado pese a algunos avances poder cumplir estas exigencias, ya sea en países con economías débiles y carencia de recursos como en aquéllos con crecimiento económico fuerte, existen una serie de vicios, actitudes antiéticas o antivalores en el seno de sus instituciones públicas que impiden que se opere con la máxima eficiencia anhelada y se alcancen por tanto los resultados deseados.
Esta situación ha generado que las demandas ciudadanas hayan rebasado la capacidad de respuesta de los gobiernos y que las instituciones públicas sean vistas como lentas, ineficaces e ineficientes, lo que a su vez genera que la ciudadanía pierda la confianza en su gobierno.
La administración pública existe para servir al interés general; es decir, para promover y proteger el ejercicio de los deberes y derechos de la ciudadanía y por lo tanto la sociedad como receptora de políticas públicas puede avanzar en las medidas en que las intervenciones sociales estén acompañadas de una acción ética y transparente.
En la gestión pública es de gran importancia la ética porque el sostenimiento de la democracia no solo se basa en la existencia de partidos políticos, unas elecciones regulares o una división de poderes, sino que depende fundamentalmente de la confianza que tenga la ciudadanía en sus instituciones públicas. Es por eso que los principios que deben servir de referencia para la toma de decisiones surgen del conjunto de valores éticos y morales a partir de los cuales cobra sentido la democracia.
Es necesario seguir avanzando hacia la construcción de una gestión pública que tenga como referente el ejercicio ético, se están dando pasos importantes pero aún tenemos que agilizar el paso.
El autor es Dominicano, Abogado. Gestor Social. Presidente de la Fundación Justicia y Desarrollo Local (FUJUDEL) y de la Red Latinoamericana para el Desarrollo Democrático (REDLADD)