EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El dirigente político Guido Gómez Mazara sometió ante la Procuradora Fiscal del Distrito Nacional, formal denuncia contra el ex presidente de la Junta Central Electoral, doctor Rosario Márquez, a fin de que el Ministerio Público inicie una investigación sobre el informe financiero emitido por la JCE, en torno a unos equipos adquiridos con fondos públicos“ que provocan alarma” a fin de establecer responsabilidad penal.
Que de acuerdo con el indicado informe, “llama la atención los montos derivados; cuentas millonarias por pagar a proveedores por un valor de RD$1,258,052,681.52, cubicaciones en proceso de saldar por RD$67,827,466.49, montos correspondiente a un plan de retiro pendiente de ser restituido por la suma de RD$420,027,098.20 y RD$90,05,700.00 pagados a policías y militares por su “trabajo” durante la semana anterior y posterior a las elecciones del 2016”.
“A que en esencia la pasada gestión dejo compromisos económicos que alcanzan la cifra de RD$2 mil 400 millones 486 mil 567.40”, según consta en el expediente sometido a la fiscal como denuncia.
Según Guido Gómez Mazara, denuncia que a la fecha, supuestamente, el doctor Roberto Rosario Márquez no aparece su declaración jurada de bienes a la salida de su condición de Presidente de la Junta Central Electoral, como lo establece la ley, y en los archivos de la Procuraduría General de la República, como es el mandato legal, “no aparece actualizada, desafortunadamente, la Declaración que existe es del 25 de julio del 2008”.
Mazara pide a la titular Yeni Berenice Reynoso que “las conclusiones del informe técnico de la JCE, en el sentido de que todos los equipos adquiridos para el proceso electoral del 2016 no tienen utilidad para las próximas elecciones, no puede caer al vacío y esquivar consecuencias tipificadas en el ordenamiento jurídico”.
En su denuncia, Mazara expone que el Informe Financiero, certificado por el director Financiero de la Junta Central Electoral, Diomedes Ogando Lorenzo, tiene detalles que provocan alarma por el hecho de comprometer determinados montos de fondos públicos al momento de la salida de la función del presidente del Organo electoral, Roberto Rosario Márquez.
En su argumentación jurídica, explica el dirigente político del Partido Revolucionario, PRD, que en el citado caso “hay una franca violación a avrias disposiciones legales” y que lo “pretendo demostrar con la documentación depositada es que tanto en el orden de la gestión administrativa como en el contrato de la Junta Central Electoral, con la empresa INDRA y su Addendun, existen elementos suficientes para probar la pobre defensa, abuso, descuido de los fondos públicos e incapacidad de las autoridades pasadas de tomar medidas en la defensa de montos millonarios que terminaron favoreciendo a una empresa con casi 40 millones de dólares, y tales violaciones no pueden quedarse impune”.
Por lo que se pone a disposición de la Fiscalía del Distrito Nacional, para cuando sean declarados los ilícitos penales, se llega a las consecuencias jurídicas definidas en el orden procesal. Pide además que la fiscalía apoderada solicite cuanta información necesita para validar su denuncia, y que como denunciante se le informe del curso de la investigación.
