Gobiernos latinoamericanos optan por diferenciar políticas ante malnutrición

Por EFE martes 6 de marzo, 2018

EL NUEVO DIARIO, Montego Bay (Jamaica), 6 mar (EFE).- Diferenciar las políticas agrarias y los programas sociales en los distintos contextos servirá para afrontar la creciente malnutrición en América Latina y el Caribe, dijeron este martes varios responsables gubernamentales en Jamaica.

Diversos Gobiernos de la región participaron en una reunión ministerial en la localidad de Montego Bay con motivo de la Conferencia regional de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que se celebra esta semana.

El ministro de Agricultura de Ecuador, Rubén Flores, aseguró que las políticas agrarias deben “estar diferenciadas” ante la existencia de dos modelos muy distintos en Latinoamérica: el de la gran industria alimentaria y el de los agricultores familiares.

Ante tanta disparidad, Flores destacó que se tiene que facilitar a los pequeños productores el acceso a los mercados, algo que ya se ha conseguido en algunos sectores como el banano en su país.

Recordó que la agricultura familiar emplea a un gran número de personas, abastece a la demanda interna y respeta la sostenibilidad ambiental.

“La tendencia a la baja de los precios (de los productos agrícolas) permite un mayor acceso, pero también complica la rentabilidad de los sistemas productivos”, apuntó el ecuatoriano, para quien los campesinos necesitan un apoyo especial.

En ese sentido, mencionó el papel de los servicios logísticos y financieros, los centros de acopio, la comercialización de los productos “a precios justos” y el fortalecimiento de las asociaciones de agricultores.

Para potenciar la producción local de alimentos existen desde hace años en Latinoamérica programas de alimentación escolar con los que mejorar también la nutrición y la educación de los niños.

Sin embargo, el viceministro de Diseño de calidad educativa de Guatemala, José Inocente Moreno, se preguntó en el encuentro “por qué no se han logrado los objetivos”.

A su juicio, hay “distintos modelos económicos de diferentes matices, pero muy pocos cuentan con participación comunitaria”.

Explicó los detalles del programa en su país, que ha permitido alimentar en las escuelas a 2,5 millones de menores y unir a los ministerios de Educación, Agricultura y Sanidad.

También resaltó la importancia de la implicación de los padres de familia en ese tipo de iniciativas y el sistema de compras mínimas a los agricultores familiares para “romper círculos viciosos” y fomentar “un cambio de comportamiento” mediante la educación.

Según datos de la FAO, el 15,6 % de la población guatemalteca sufría hambre entre 2014 y 2016, equivalente a 2,5 millones de personas.

En Panamá, el porcentaje del hambre se situó en ese periodo en el 9,3 %, frente al 27 % de 15 años antes, según la viceministra de Desarrollo Social, Michelle Muschett.

La responsable reconoció que la tendencia actual es a la baja, pero no al mismo ritmo que anteriormente.

“Esperamos que con el plan de seguridad alimentaria esta reducción se acelere porque conviene no olvidar que detrás de los números hay un ser humano sufriendo hambre y pobreza”, indicó.

Así como la pobreza se ha reducido en el país, en las zonas rurales no se ha notado tanto.

“Debemos focalizar los territorios que han quedado rezagados y no se han beneficiado del crecimiento económico, priorizando a los más pobres. No podemos abordar la pobreza únicamente desde una perspectiva monetaria, sino considerando todas las dimensiones”, afirmó la viceministra.

Para ello, anunció que están trabajando en un nuevo índice de pobreza multidimensional con el fin de articular los esfuerzos de los distintos programas y servicios sociales e invitó a colaborar a las agencias de cooperación y el sector privado.

Los ministros participaron en esa sesión antes de que se inaugure mañana oficialmente la Conferencia regional bienal de la FAO, que tiene entre sus retos ayudar a revertir el aumento del hambre y atajar otras formas de malnutrición, como la obesidad al alza.

En 2016, la inseguridad alimentaria afectó a 42,5 millones de personas en América Latina y el Caribe, 2,4 millones más que un año antes, lo que supuso un cambio en la tendencia de disminución del hambre.

En el encuentro de hoy también participaron representantes de la sociedad civil y por primera vez del sector privado, que desde posturas opuestas reclamaron más participación en los procesos de decisión política.

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