EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Vicepresidencia de la República, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), realizaron este jueves la Primera Consulta Participativa del proceso de revisión estratégica y definición de la Hoja de Ruta dirigida a erradicar el hambre al año 2030.
El discurso central del acto lo pronunció la directora general del programa Progresando con Solidaridad (Prosoli), Altagracia Suriel, quien representó a la vicepresidenta Margarita Cedeño. Participaron los responsables en el país del PMA y la FAO, William Vigil y Carmelo Gallardo, respectivamente; además de instancias del Estado, sector privado, académico, miembros de la sociedad civil y otros organismos internacionales comprometidos con la iniciativa.
Suriel destacó el avance del país en materia de seguridad alimentaria con la disminución de más de un 15 por ciento del hambre, gracias a la intervención del Gobierno a través de Prosoli, cuya iniciativa, aseguró, contribuye con la alimentación directa de más de 800 mil hogares a nivel nacional.
Tras resaltar la reducción a un cinco por ciento de la desnutrición crónica mediante los programas de micronutrientes que ejecuta Prosoli junto al PMA, y que llega a más de 59 mil mujeres embarazadas y niños de cero a 59 meses, Suriel dijo que la consulta servirá para establecer las prioridades del Gobierno en materia de erradicación del hambre.
“Es un apoyo para establecer las prioridades del Gobierno, de sus socios, donantes, agencias de las Naciones Unidas, ONG y otros, y generar un consenso sobre las acciones a priorizar y brechas a abordar para lograr el ODS 2 y sus metas”, manifestó durante la actividad.
De su lado, el representante del PMA en el país, William Vigil, aseguró que República Dominicana ha tomado la seguridad alimentaria como una prioridad, lo que se evidencia en compromisos como la iniciativa Cero Hambre, la Alianza contra la Pobreza, la Estrategia Nacional de Desarrollo, los planes plurianuales del sector público y la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria aprobada recientemente.
“Entre 1990 y 2015 la República Dominicana mostró avances superiores al promedio del mundo, América Latina y el Caribe en la erradicación del hambre y la malnutrición: el país redujo a la mitad la prevalencia de la subalimentación”, enfatizó Vigil.
De su lado, el coordinador del grupo de investigación de la estrategia, Pavel Isa Contreras, al presentar el borrador de diagnóstico de la situación en relación al ODS 2 y sus metas “Análisis de Seguridad Alimentaria y Nutrición”, aseguró que la erradicación de la desnutrición crónica es posible en el país.
“La desnutrición crónica a nivel nacional, urbana y rural, ha tenido un declive muy fuerte y una convergencia. Ya no tenemos las distancias urbano-rurales que teníamos antes. Del 1986 a 1991 la rural era mucho más alta que la urbana, pero a medida que se reduce la rural, se disminuye también la desnutrición crónica infantil a nivel urbana, llegando ahora a un cinco por ciento”, agregó.
Sobre las consultas participativas
Las conclusiones arrojadas en la reunión permitirán al Gobierno contar con un borrador del diagnóstico de situación del país respecto al ODS 2, con el que se busca erradicar el hambre, y con una identificación de la oferta programática nacional al respecto. Será el primer paso para, posteriormente, identificar las brechas y esfuerzos adicionales necesarios para avanzar colectivamente hacia el cumplimiento de las metas del ODS 2, y definir de forma participativa una Hoja de Ruta.
La iniciativa propuesta va acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Además, establece un nuevo marco para poner fin a la pobreza y al hambre, asegurando el establecimiento y la gestión sostenible de los recursos naturales.
Las consultas participativas dan respuesta al espíritu analítico representativo que define a este proceso, el cual demanda el involucramiento y compromiso ampliado de las instituciones gubernamentales, sociedad civil, academias y sector privado, con el interés de enriquecer el análisis realizado hasta ahora sobre el contexto nacional de la seguridad alimentaria y nutricional, de acuerdo con las metas del ODS 2.
Asimismo, aborda los instrumentos legales, políticos y programáticos que el país dispone en este sentido, así como la identificación consensuada de brechas y oportunidades que enmarcan esta revisión estratégica.
