Mientras suponemos que todos los Ministerios responden al Poder Ejecutivo, resulta irónico que de un lado, a través del Ministerio de la Presidencia, se haga pública la posibilidad del desarrollo turístico de Bahía de las Águilas, considerada por el Presidente Medina en su discurso del 28 de febrero de 2016 como “uno de los patrimonios inmobiliarios más valiosos de la Nación” y cuya apropiación por parte de particulares, mediante el uso de “torpes subterfugios”, calificó como un “verdadero crimen de lesa patria”, vaya a ser objeto de un desarrollo de unas 15,000 nuevas habitaciones en “la más bella playa de la República Dominicana”; mientras que por otro lado, el Ministerio de Medio Ambiente haya iniciado el año dictando normas que afectan el desarrollo inmobiliario y turístico, así como la inversión local y extranjera, sin una justificación racional.
Nada hemos encontrado en la Resolución No. 0005-2017 dictada por el Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales que esboce, por lo menos, un mínimo de justificación para, por disposición general y sin discriminación o excepciones aplicables, prohíba de tajo toda “infraestructura o estructura, incluyendo viviendas o lotificaciones” en alturas superiores a 1,200 metros sobre el nivel del mar.
Tan extravagante resultó esa disposición, que en menos de 20 días tuvo que ser modificada para aumentar la altura a 1,300 metros, exceptuar las facilidades de seguridad del Estado y sistemas de telecomunicaciones que “hayan cumplido con las normas y requisitos de la Ley”. Igualmente, la modificación habla ahora de “infraestructuras de carácter industrial, comercial o lotificaciones”. Habrá que estudiar a fondo qué se busca con excluir “viviendas” pero incluir “lotificaciones”. Amén de todo lo anterior, nueva vez ninguna explicación se establece al por qué tomar, primero 1,200 metros y, 15 días después, 1,300 metros, como altura para esta prohibición general.
Es cierto que la resolución incluye muchas disposiciones coherentes y necesarias para el desarrollo correcto y sostenible de proyectos en montañas, y justamente por eso es que la prohibición en la que hacemos hincapié resalta sobre todas las otras. ¿Por qué las demás medidas son factibles y funcionales por debajo de 1,200 ó 1,300 metros y sobre esta altura no? Más aún cuando no estamos hablando de la protección de nacimientos de cuencas hidrográficas, parques nacionales ni monumentos nacionales, o tan irrepetibles como Bahía de las Águilas!
Hace unos años que el Ministerio de Turismo asumió, acertadamente, el lema de que “República Dominicana lo tiene todo”. Al paso que vamos y ante esta disociación de políticas entre Ministerios, habrá que revisar el mismo, pues para la oferta de turismo de montaña, sea de visita o inversión, la República Dominicana va a pasar a tener menos. Irrazonablemente, mucho menos.