Gobierno filipino acusa en ONU a sus críticos de inventar ola de asesinatos

Por El Nuevo Diario Lunes 8 de Mayo, 2017

EL NUEVO DIARIO, GINEBRA.- El Gobierno filipino sostuvo hoy en la ONU que la "ola de asesinatos" extrajudiciales en la guerra contra las drogas es una invención de sus críticos que repite la prensa y que, en realidad, el número de muertes violentas anuales se ha reducido frente a las registradas en el Ejecutivo anterior.

Durante la revisión de la situación de los derechos humanos en Filipinas a la que se sometió hoy Manila en el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la ONU, el presidente del Comité filipino de Relaciones Exteriores del Senado, Alan Peter Cayetano, afirmó que durante el anterior Gobierno (2010-2016) se registraban entre 11.000 y 16.000 homicidios cada año.

"¿Por qué no hay comparaciones entre las cifras durante el anterior Gobierno y el actual? Porque algunos críticos y algunos medios cambian la definición de ejecuciones extrajudiciales haciendo creer a la prensa extranjera que hay una repentina ola de asesinatos alentados por el Gobierno. Esto es incierto", aseguró el legislador.

Organizaciones de derechos humanos afirman que al menos 7.000 supuestos drogadictos y narcotraficantes han sido asesinados, con participación o anuencia de las fuerzas de seguridad, desde mediados del año pasado, cuando se empezó a aplicar la estrategia de lucha contra las drogas lanzada por el presidente, Rodrigo Duterte.

"La campaña social contra las drogas ilegales busca (…) evitar que el país se convierta en un narcoestado", sostuvo el senador, quien aseveró que Duterte "tiene una tolerancia cero" frente al abuso por parte de las fuerzas de seguridad.

Según el parlamentario, hay un "intento deliberado de asociar todos los homicidios con asesinatos relacionados con la lucha contra la criminalidad y las drogas".

Por otra parte, aseguró que el Ejecutivo ha dado más recursos a los programas de rehabilitación de drogadictos, ha aumentado el número de instituciones en todo el país que les acogen y ha destinado instalaciones militares a centros de rehabilitación.

Ello ante los 1,2 millones de consumidores de drogas que, según el Gobierno, se han entregado y están siendo rehabilitados.

Cayetano dijo que el Gobierno está dispuesto a recibir a los expertos en derechos humanos de la ONU para "vean por sus propios ojos la verdad".

Varias delegaciones pidieron a Manila que tome medidas contra la impunidad, en particular ante las denuncias de participación de fuerzas públicas de seguridad en ejecuciones extrajudiciales, y que no reintroduzca la pena de muerte, que está formalmente abolida,

Igualmente pidieron que no rebaje la edad de responsabilidad penal de 15 a 9 años.