La crisis generada por la pandemia del coronavirus, las novatadas e improvisaciones, al cumplir sus primeros 9 meses, tienen al gobierno del PRM-Abinader arrinconado, “entre la espada y la pared”, por la creciente inflación, por la necesidad de una reforma fiscal, por el rápido incremento de la deuda externa y por importantes factores políticos.
Para el Banco Central, la inflación tuvo su mayor empuje el pasado abril, lo cual se evidencia en los altos precios de los materiales de construcción, los combustibles, el transporte y en los productos básicos de la canasta familiar. El impacto del alto costo de la vida tiene una superior percepción entre sectores de clase media y los pobres.
Por la baja presión tributaria, desde el 2012, se tiene pendiente realizar una reforma fiscal (contemplada en la Estrategia Nacional de Desarrollo, Ley 001-12) que los funcionarios del área económica han anunciado, inclusive con propósito de incluir sus posibles resultados en el Presupuesto Nacional del 2022.
No obstante las necesidades económicas y el deseo gubernamental, ese delicado proceso no se ha iniciado por su alto costo político y porque requiere de la firma de un pacto con el liderazgo político de oposición (básicamente PLD y FP) y con representantes de la sociedad civil.
En la actual coyuntura política, es sumamente difícil, por no decir imposible, la firma de dicho pacto por estas simples razones: La dirigencia del PLD se siente acosada con el sambenito de la corrupción, mientras que el presidente de la FP ha reiterado que por ahora no hay condiciones para una reforma fiscal.
Con la justificación de las crisis sanitaria y económica generadas por la pandemia, el gobierno disparó la deuda pública consolidada al 69 % del PIB, lo cual encarece y limita la colocación de más bonos soberanos y las gestiones de otros tipos de préstamos, sin previamente realizar la reforma fiscal.
Al mismo tiempo, a varios grupos sociales les apremia que el gobierno siga los programas de asistencia social que se realizaban para menguar el impacto económico del cierre de cientos de pequeñas y medianas empresas y del creciente desempleo que produjo la pandemia.
Los párrafos anteriores encajonan esta panorámica: Económicamente, al gobierno le urge la reforma fiscal y se le achican las posibilidades de más préstamos. El encarecimiento de la vida está afectando y preocupando a varios sectores sociales. Se siente firme la actitud negativa de la oposición política y de representantes de la sociedad civil con respecto a la firma de un pacto para la reforma fiscal.
Simultáneamente, se visualizan otros problemas que inciden en la gobernabilidad: Frecuentes escándalos en varias esferas gubernamentales, luchas e insatisfacciones de dirigentes del PRM por empleos en el gobierno, más improvisaciones e incoherencias entre funcionarios y también la rápida evaporación de las expectativas que creó el PRM-Abinader con sus “promesas electorales del cambio”.
Esta delicada coyuntura económica y política, la histórica “poblada RD del 1984” y la situación por la que atraviesa Colombia, sin lugar a dudas, tienen al gobierno del PRM-Abinader arrinconado “entre la espada y la pared”. ¿Habrá capacidad política para zafarse?
Por Juan López