EL NUEVO DIARIO, San Juan, PR.- La estatal Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) y los acreedores del Grupo Ad Hoc de Bonistas de Obligaciones Generales anunciaron este viernes un acercamiento para establecer el ambiente adecuado para comenzar negociaciones de buena fe con el fin de reestructurar la deuda de forma pactada conforme al Título VI de la Ley Promesa.
La AAFAF informó hoy a través de un comunicado de que las conversaciones entre esa entidad estatal y el Grupo Ad Hoc pretenden establecer las bases para alcanzar una solución de las controversias planteadas por este último en relación con los derechos constitucionales y contractuales reclamados.
La Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés) fue aprobada el pasado verano por el Congreso estadounidense para dar solución al asunto de una deuda que ronda los 70.000 millones se dólares.
La postura del Gobierno dada a conocer a través de la AAFAF va en contra de la postura de la Junta de Supervisión Fiscal que esta semana pidió que se anulara la suspensión de litigios automática que establece La Ley Promesa para las demandas de los acreedores.
El comunicado señala que las partes confían en que estas conversaciones conducirán a una solución al posible trato de la deuda constitucional y, en última instancia, "a conversaciones extensas que involucren a otros acreedores y parte con interés, con el objetivo de lograr un acuerdo definitivo y vinculante para todas las partes involucradas".
Como resultado de las conversaciones entre el director ejecutivo de la AAFAF, Gerardo Portela, y representantes del Grupo Ad Hoc, el Gobierno de Puerto Rico "buscará una resolución pronta y diligente a las reclamaciones relacionadas con la constitucionalidad de la estatal Corporación del Fondo de Interés Apremiante -Cofina-.
La reclamación fue presentada por el Grupo Ad Hoc en el litigio pendiente ante el juez Francisco Besosa en el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico.
El comunicado destaca que el Gobierno analizará los planteamientos constitucionales hechos por el Grupo Ad Hoc.
Además, el Gobierno exhortará al juez Besosa, continúa el comunicado, a decidir sobre los planteamientos del Grupo Ad Hoc como límite el 30 de abril de 2017.
El Gobierno de Puerto Rico reconoce que una pronta resolución del caso servirá para fomentar las negociaciones entre todos los acreedores.
"Es muy encomiable que el Gobernador esté concentrando atención y recursos significativos para tratar de alcanzar una solución negociada", dijo por su parte Andrew Rosenberg, un representante del Grupo Ad Hoc.
Portela indicó que "las discusiones que anticipamos tener con el Grupo Ad Hoc reafirman el compromiso del Gobierno de buscar una solución ordenada a los asuntos financieros que afectan a Puerto Rico y recalcamos que todos los acreedores y partes involucradas deben estar preparados para proceder con negociaciones de buena fe hacia una reestructuración consensual conforme al Título VI de Promesa". EFE
