EL NUEVO DIARIO, SAN JUAN.- El Gobierno de Ricardo Rosselló cumple hoy sus 100 primeros días, periodo en el que el Ejecutivo puertorriqueño ha mostrado una inusitada promoción de nuevas leyes para dar solución a la crisis económica y la millonaria deuda, todo bajo la mirada de una entidad de control impuesta por Washington.
Rosselló se ha ganado en estos meses el reconocimiento de convertirse en el gobernador más prolífico gracias a las nada menos 21 leyes y 29 órdenes ejecutivas firmadas en los 100 primeros días de su mandato, bajo el control de la Junta de Supervisión Fiscal, una entidad establecida tras la aprobación de normativa por el Congreso estadounidense.
Una actividad poco común por la cantidad de leyes y órdenes ejecutivas fue la respuesta de Rosselló a una situación crítica a causa de una crisis que se prolonga desde hace una década y que se vio magnificada desde que en julio de 2016 el Gobierno incurriera en el primer impago de deuda garantizada de su historia.
Rosselló se pronunció hoy de forma oficial sobre sus cien primeros días para señalar que en el marco de un déficit de 7.600 millones de dólares y una degradación del crédito presentó un Plan Fiscal para garantizar viabilidad financiera.
El Plan Fiscal, documento base para elaborar los presupuestos de los próximos años y que contó, tras introducirse cambios sobre el texto inicial, con el visto bueno de la Junta de Supervisión Fiscal, está dirigido, apunta Rosselló, "a defender a los más vulnerables, evitar el despido de empleados públicos, mantener los servicios del Plan de Salud y evitar el recorte de 10 % a todos los pensionados".
Rosselló aseguró que su Plan Fiscal defiende las pensiones de quienes reciben 2.000 dólares o menos e identifica los ingresos adicionales a la Universidad de Puerto Rico (UPR) con más de 200 millones de dólares para evitar que tengan que recortar los 450 que estableció el organismo federal.
La decisión de Rosselló le ha valido uno de los enfrentamientos más sonoros de sus primeros cien días, precisamente con los estudiantes de la UPR que desde hace días han paralizado la institución pública.
En el comunicado, Rosselló también se felicita por la credibilidad que dice ganada gracias al primer acuerdo que firmó el Gobierno de Puerto Rico con los acreedores de la estatal Autoridad de Energía Eléctrica, lo que permitió, asegura, unos ahorros de 2.200 millones de dólares y reducir la tarifa.
Las leyes de Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico (ODSEC), de igualdad salarial, las enmiendas a la ley de Voluntariado en Puerto Rico en beneficio de las personas de edad avanzada y el aumento del salario mínimo son otros de los puntos que Rosselló destaca.
El profesor de Economía de la Escuela Graduada de Planificación de la UPR Santos Negrón señaló a Efe que es evidente que Rosselló ha llevado a cabo una gran actividad en promoción de normativa, aunque matizó que a su juicio cien días son un periodo demasiado corto para valorar el efecto.
"Creo que es prematuro hacer un juicio", apuntó el economista, que dijo que dada la cantidad de normativa impulsada tiene dudas de que se haya llevado a cabo con un adecuado estudio de su impacto.
El ensalzamiento de su propia labor por Rosselló tuvo la réplica del portavoz del opositor Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes, Ramón Luis Cruz, para quien la actual administración ha destacado por esconderse detrás de la Junta de Supervisión Fiscal para tomar decisiones que favorecen a los acreedores de una deuda de 70.000 millones de dólares.
Según Cruz, el gobernador instauró un total de 92 nuevos impuestos que ponen sobre los hombros de los trabajadores puertorriqueños la mayor parte de la carga contributiva.
"Todas estas decisiones para garantizar el pago de la deuda, conllevará la pérdida de servicios esenciales en áreas tan sensitivas como la salud, educación y seguridad", dijo.
Cruz aseguró que en 100 días se han perdido 15.000 empleos, a pesar de que anunciaron que crearían 100.000 con las Alianzas Público Privadas, de las que no se han aprobado ni una, aunque lo que "sí legislaron fue una mal llamada reforma laboral que le quitó empleos a los trabajadores de la empresa privada", concluyó.
