EL NUEVO DIARIO, MANAGUA.- Fondos de ley que el Gobierno de Nicaragua había negado a la Universidad Centroamericana (UCA), de administración jesuita, finalmente serán desembolsados este mes, informó hoy el estatal Consejo Nacional de Universidades (CNU).
«A partir de este mes de agosto se normalizarán los desembolsos a todas las instituciones que por ley reciben este financiamiento, incluyendo los fondos del mes de julio, que se habían reprogramado por la inestabilidad socioeconómica», informó el CNU, a través de medios del Gobierno.
El 31 de julio pasado la UCA, cuyos alumnos prendieron la chispa del estallido social contra el presidente Daniel Ortega el 18 de abril pasado, anunció la suspensión de labores en el mes de agosto, debido a la falta de desembolsos del Gobierno, en medio de la crisis que ha dejado entre 317 y 448 muertos.
El CNU atribuyó el incumplimiento a «dificultades de disponibilidad financiera, producto de la actual situación de inestabilidad (…), lo que ha obligado a una reprogramación financiera de algunos fondos del Presupuesto General de la República».
El monto del desembolso correspondiente a la UCA no fue especificado por sus autoridades ni por el CNU.
La UCA, que trabaja bajo régimen de subvención, dado que es privada pero recibe recursos del Estado que suelen ser destinados a becas, es uno de los emblemas de la actual insurrección contra Ortega.
La UCA también brindó protección a decenas de personas el 30 de mayo, cuando un grupo de paramilitares atacó a manifestantes en apoyo de las mujeres que perdieron a sus hijos en protestas contra Ortega, justo el Día de las Madres en Nicaragua.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó medidas cautelares para proteger al rector de la UCA, padre José Idiáquez, por amenazas recibidas tras brindar refugio a los manifestantes, denunciar un intento de asesinato de los vigilantes del campus, y señalar que los parapolicías actúan «en la impunidad que les garantiza el desgobierno actual».
Las clases en la UCA se mantienen suspendidas desde el 31 de mayo debido a la situación de inseguridad en el país.
El 26 de abril la UCA no renovó el contrato del jefe del grupo parlamentario oficialista en la Asamblea Nacional, Edwin Castro, quien impartía clases de derecho constitucional en esa universidad, y que es famoso en Nicaragua por quedarse dormido en el plenario.
Diversos templos y personas relacionados con la iglesia Católica han sido agredidos por el Gobierno desde que el clero propuso al presidente poner su renuncia para superar la crisis, en mayo pasado.
La CIDH ha advertido que una «tercera fase» de represión consiste en la «criminalización de los manifestantes», y la ha denominado como «más ruda, más explícita y burocrática», porque utiliza la justicia contra las personas.
El mandatario ha sostenido que todo se debe a un «golpe de Estado», y ha señalado de forma directa al clero nicaragüense de ser «parte del plan golpista», detrás del cual estaría Estados Unidos, según Ortega.
Nicaragua atraviesa la crisis más sangrienta desde la década de los años 1980, también con Ortega como presidente.
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario.
