EL NUEVO DIARIO, SAN JUAN.- El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, tiene hoy la jornada más importante desde que accedió al cargo en enero pasado con la presentación ante la Junta de Supervisión del Plan Fiscal a 10 años para las finanzas públicas y su primer mensaje de situación al país.
Rosselló ha hecho coincidir dos eventos claves que comenzarán al mediodía con la entrega a la Junta de Supervisión de un documento considerado fundamental, ya que el Plan Fiscal será determinante para la gestión de las finanzas estatales durante la próxima década.
La Junta de Supervisión, que puso la fecha de hoy como límite para la entrega del documento, es una entidad establecida tras la aprobación el pasado verano de Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés), una normativa que surgió ante la imposibilidad del Gobierno local de pagar la deuda a sus acreedores.
Puerto Rico lleva una década sumido en una profunda crisis económica que en los últimos años se ha agudizado ante la imposibilidad del Gobierno de pagar una deuda pública que ronda los 70.000 millones de dólares.
Tras años de sacar presupuestos adelante a base de la emisión de deuda, el anterior Gobierno que encabezaba Alejandro García Padilla vio cómo los mercados internacionales se cerraban para lograr financiación después de que las agencias de calificación de riesgo situaran a la isla en los niveles de alto riesgo de impago.
En enero de 2015, el Gobierno incurrió en su primer impago al no abonar el vencimiento de 37 millones de dólares a los acreedores de la Autoridad del Financiamiento de la Infraestructura (AFI).
A ese impago le siguieron los de mayo de 400 millones del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y de agosto de 57 millones de dólares correspondientes a los bonos de la Corporación de Financiamiento Público.
Los acreedores, muchos de ellos pequeños ahorradores puertorriqueños, amenazaron con emprender acciones legales y el Congreso en Washington, ante un panorama que dibujaba una maraña judicial interminable, decidió aprobar normativa que, entre otras medidas, supuso "congelar" las demandas durante meses para que el Gobierno de la isla se centrara en la gestión de la crisis.
La ley que establece Promesa fue aprobada en el Congreso de Estados Unidos, país al que está ligado Puerto Rico como Estado Libre Asociado, un estatus que le permite cierto grado de autonomía pero que deja áreas fundamentales como defensa, relaciones diplomáticas o fronteras bajo control de Washington.
El contenido del plan fiscal es una incógnita y se espera a conocer los detalles, ya que Rosselló hizo pública su discrepancia con la Junta de Supervisión, que exige al Ejecutivo una reducción de cerca del 30 % de los funcionarios, lo que significaría dejar a miles de personas en la calle en un momento de graves dificultades para la economía.
Además, la Junta de Supervisión pide un recorte millonario en el programa de asistencia sanitaria para personas con bajos recursos, Mi Salud, que supondría un duro golpe para un colectivo que no tiene medios para pagarse un seguro médico privado.
El Plan Fiscal sí se espera que incluya un recorte en el presupuesto anual de la estatal Universidad de Puerto Rico de 300 millones de dólares, lo que ha provocado la oposición frontal de los estudiantes y de la dirección del centro docente, que presentó su dimisión en bloque.
Miembros del Gobierno han hecho público que el Plan Fiscal diferirá de las exigencias de la entidad de control por entender que los recortes serían una nueva traba para el crecimiento de la economía.
La Junta de Supervisión Fiscal ya adelantó que en caso de que el Plan Fiscal no se adecúe a sus exigencias será devuelto al Ejecutivo para su modificación.
Los esperados recortes en el Plan Fiscal provocan recelo por lo que varios sindicatos han convocado una protesta para hoy frente al Capitolio, sede del Legislativo de Puerto Rico, lugar donde el gobernador dirigirá el mensaje de situación al país.
El presidente de la Federación de Trabajadores, José Rodríguez Báez, anunció que los sindicatos reclamarán al gobernador que defienda los intereses de los ciudadanos frente a la Junta de Control Fiscal.
