La transformación de la función pública, es una de las reformas más interesantes que vive la Administración Pública dominicana. Esto implica, la dignificación de los servicios, trámites y el personal o personas que trabajan y tiene como empleador al Estado. La afirmación la encontramos en el Compendio de Normas sobre Profesionalización de la Función Pública, editado en 2019, por el Ministerio de Administración Pública (MAP).
La Función Pública o conjunto de la administración pública, también, denominada la actividad de las personas trabajadoras y del Estado, en nuestro país, está regida por la Ley 41-08, y sus reglamentos de aplicación, que manifiestan el compromiso de nación con la profesionalización de esta actividad. Con la creación de cambios notables en los recursos humanos, con miras a propiciar innovaciones y honrar compromisos o metas de Estado.
Estos cambios se evidencian en el Modelo Integral de Gestión por Competencias que desarrolla la administración pública dominicana desde 2018. Este contiene, la clasificación de puestos, reclutamiento, selección, planificación de recursos humanos; evaluación del desempeño, promoción, formación, desarrollo de carrera y relaciones laborales. Una verdadera modernización de la función pública.
Es aquí, donde entra la ética pública o disciplina que estudia y analiza el perfil; la formación y el comportamiento responsable de las personas trabajadoras. Se expresa en los valores que exhibe el personal de la administración pública al ofrecer servicios públicos a las personas usuarias. Ejemplos palpables, la responsabilidad, eficacia y calidad. Mediante los cuales se satisface y atiende de manera continua las necesidades de la sociedad.
En ese sentido, es recomendable que el personal que gestiona, que ofrece servicios públicos, esté dispuesto para sus semejantes. Accionando siempre, con una conducta transparente. La ética y la transparencia danzan juntas, infieren profesionales del Derecho Administrativo.
Parafraseando al Grupo Colombiano de Desarrollo Integral del Talento Humano, la ética pública habla del buen accionar; de valores y principios de vida, que, a su vez, promueven la convivencia sana. Del respeto continuo por la autonomía, igualdad y libertad del ser humano. Esta propicia el desarrollo personal, profesional y social, cuando el personal de la administración pública deja huellas en cada una de las labores públicas que realiza con el Estado y la sociedad.
Ética es aplicación de los principios constitucionales, de legalidad; es honradez, lealtad laboral; imparcialidad, un valor que también debemos ejercitar. Habla de eficiencia y de integridad.
Por eso, la función pública y la ética pública, continuamente juntas, son esenciales para generar confianza en el gobierno. Por lo que, es necesario que el personal laboral identifique sus derechos, para de ser necesario, pueda demandarlos, siempre con civismo. Acción tan importante como honrar los deberes; estar al corriente del régimen ético y disciplinario, consciente del aporte que puede hacer a los derechos de sus conciudadanos.
La ética en la función pública, como valor y como norma, siempre nos permitirá solucionar conflictos laborales y ofrecer auxilio a las personas usuarias. Además, nos permite innovar y ofrecer soluciones a dificultades, cuando ni la tradición, es decir, el uso, práctica o costumbre, ni las autoridades son una opción. Esta aseveración la presenta la Universidad Continental de Lima, Perú.
En síntesis, el comportamiento del personal laboral basado en valores éticos en la función pública, es vital para evitar entrar y para salir de crisis; para garantizar gobernabilidad democrática y desarrollo sostenible de nuestras naciones, al exhibir acciones como rendición de cuentas y poner freno con sensatez y firmeza a la corrupción administrativa. Esta exhortación la hace el experto Gregorio Montero, en la obra: Dimensiones de la Administración Pública del Siglo XXI, aportes para la Reflexión y la Praxis. Acuñemosla!
De igual forma, como bien plantea la acreditada periodista, Elena Poniatowska: “La cultura no puede estar al margen de la ética”. Por eso, aplaudimos la creciente cultura de fortalecimiento de la gestión pública y la ética pública, que vive la República Dominicana.
Por Emilia Santos Frías