EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, doctor Trajano Vidal Potentini, solicitó al Tribunal Superior Administrativo fallar a favor de la preservación de la Cueva de Las Maravillas, como área protegida, y no como “donación a título gratuito a un patronato”, para evitar sea enajenado, vendido como ha pasado con otros casos.
Citó el caso los terrenos donde está ubicado el centro comercial Ikea, que fue donado a la Universidad Pedro Henríquez Ureña, UNPHU, y lo vendieron, de igual forma; terrenos donde fue construido el Dawnton Center, vendido por la iglesia en 11 millones de dólares luego de habérselo donado.
El doctor Potentini citó el caso también del Jardin Memorial que fue cedido “supuestamente con interés agrícola y hoy es un negocio y que es en detrimento del Estado”, por lo que reitera su posición: No es posible que el TSA falle en favor del Patronato.
Aclaró el presidente de la FJT que no está cuestionando la capacidad del patronato, no tampoco la facultad del Congreso Nacional, no se trata de legislar, sino de una acción administrativa donde se pretenden homologar un contrato que es impensable, sería una violación a la Constitución y derechos que tienen los dominicanos de conservar sus áreas protegidas.
“El recurso de amparo contra la Cámara de Diputados, es a lo fines de que ese órgano no pudiera llevar a cabo la concreción de una donación “escandalosa” de diez millones 400 mil metros cuadrado, de un Patrimonio Cultural”, indicó.
Dijo que sometió su recurso, “vía amparo porque ya hay sentencias vinculantes que dicen que las áreas protegidas son inalienables entonces, no es posible que el Patronato Cueva de Las Maravillas continúen administrando este lugar.
Recordó que Hipólito Mejía, en el 2002, más tarde Leonel, en inicio Mejía le había regalado mediante contrato de donación 30 millones de metros cuadrados; Leonel Fernández en el 2005, “recibiendo opresiones reduce esos metros a 2 millones 400 mil, aunque ellos han hecho una gran labor de ornato, turismo y MA, pero nunca dárselo a título gratuito, con la facultad de venderlo, enajenarlo como han pasado con otros casos.
El 13 de agosto de este 2018, el Tribunal Superior Administrativo, TSA, sus jueces, rechazaron la acción constitucional de amparo preventivo , interpuesto por la Fundación Justicia y Transparencia, FTJ, contra la Cámara de Diputados, el Patronato Cueva de Las Maravillas, Ministerio de Ambiente y el de Turismo, por considerarlo infundado y carente de legalidad.
El presidente de la Fundación, doctor Trajano Potentini, en su recurso, había solicitado al TSA , pedir a la Cámara de Diputados abstenerse de gestionarla, diligenciar o librar cualquier aprobación de la donación de los terrenos que alojan al Parque Nacional Cueva de Las Maravillas, a la Fundación Patronato Cueva de Las Maravillas por tratarse de un área protegida, calificada por el artículo 16 de la Constitución como inalienable, inembargable e imprescriptible.
De igual forma, el 28 de julio de este 2018, le fue declarada inadmisible por improcedente, mal fundada y carente de fundamentos constitucionales, la una acción de amparo “por no haberse demostrado que la Cámara de Diputados haya violado o amanerado algún derecho fundamental.
El 13 de agosto de este 2018, los jueces Roman Berroa Huiciano, hjuez presidente, Vanessa Acosta Peralta, Mery Laine Collado Tactuk, juezas, se expresaron con motivo de la Acción Constitucional de Amparo Preventivo interpuesta por la fundación que preside Trajano Potentini:
El tribunal en ese momento, era de criterio que dicha amenaza o daño inminente no se verifican por cuanto si bien es cierto que la especie implica la donación de terrenos que pertenecen al conjunto natural de las áreas protegidas de la Nacional, cuyos límites solo podrían ser reducidos por ley con la aprobación de las dos terceras partes de los votos de los miembros de las cámaras del Congreso, no menos cierto es que es la propia Constitución que armonizando los artículos 128,y 93 establece un mecanismo de control y contrapeso mediante el cual el C Congreso Nacional controla la actividad del Poder Ejecutivo referida a los actos y contratos cuando tengan disposiciones relativas a la enajenación de bienes del Estado.
