En un parecer enviado a la Corte Suprema, la Fiscal General de la República, Raquel Dodge, señaló que entiende que el recurso interpuesto por el exmandatario «debe ser negado», pues «la posibilidad de la ejecución de la pena» existe a partir del término de todas las apelaciones en segunda instancia.
Dogde se basó en una decisión cautelar de la Corte Suprema tomada en 2016 que permite que una sentencia empiece a ser ejecutada una vez que concluyan todos los recursos en segunda instancia y aún cuando haya posibilidades de otros recursos en instancias superiores.
Lula fue condenado el pasado 24 de enero por tres jueces de un tribunal de segunda instancia que, por unanimidad, ratificaron y aumentaron de nueve a doce años de prisión la sentencia por corrupción y lavado de dinero dictada por un juez inferior en un caso relacionado con el escándalo en la petrolera estatal Petrobras.
Con objeto de evitar su encarcelamiento en los próximos meses, la defensa de Lula presentó sendos recursos de «habeas corpus» preventivos ante el Tribunal Superior de Justicia, el cual le fue negado, y ante un juez de la Corte Suprema, que también rechazó el pedido, aunque remitió la decisión final sobre al asunto al plenario de ese órgano, sin fecha prevista para su análisis.
Por su parte, la Fiscal General rechazó hoy todos los argumentos presentados por los abogados del ex jefe de Estado (2003-2010) y negó que su eventual prisión cause un «constreñimiento ilegal» por chocar contra la presunción de inocencia, tal y como alega la defensa.
«El segundo grado es la última instancia judicial en que las pruebas y los hechos son examinados. En el tribunal de apelación, el imputado tiene su última oportunidad de contestar las pruebas y los hechos que lo relacionan al delito», afirmó Dodge.
Y añadió: «Para condenarlo, su culpabilidad debe estar probada, lo que engloba la comprobación del hecho y del vínculo que lo une al hecho».
La fiscal reiteró que una revisión de la decisión del Tribunal Supremo -la de permitir que se ejecute una pena a partir de segunda instancia- representaría un «retroceso» para Brasil ya que un hipotético cambio «afectaría al sistema y a la confianza en la Justicia».
La defensa de Lula tiene hasta el próximo 20 de este mes para presentar un recurso ante el Tribunal Regional Federal de la 4ª Región, con sede en Porto Alegre, que sería analizado por los tres mismos magistrados de la octava sala que lo condenaron, aunque la sentencia ya no puede ser revertida en esa corte.
El expresidente, que lidera todos los sondeos de opinión, ha manifestado en repetidas ocasiones su deseo de presentarse a las elecciones presidenciales del próximo octubre, para las que el PT ya ha lanzado su pre candidatura.
Sin embargo, la legislación brasileña prohíbe expresamente que los condenados en segunda instancia se postulen para cargos públicos, si bien la última decisión sobre su candidatura la tendrá la Justicia Electoral.
Por EFE
