EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- En un esfuerzo conjunto entre la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, la Procuraduría General de República y la Superintendencia de Bancos, fue firmado un acuerdo para crear la Unidad de Investigación de Delitos Financieros, que tendrá como sede de la Fiscalía del Distrito Nacional, que le permitirá agilizar procesos judiciales de más de 37 mil millones en fraudes.
La unidad, tendrá por finalidad perseguir y procesar penalmente a las personas físicas y jurídicas que realicen actividades de intermediación financiera ilegal, sin contar con la autorización de la Junta Monetaria.
De acuerdo al abogado Amadeo Peralta, quien dio la información “el auge de los delitos financieros o delitos de cuello blanco, ha tomado por sorpresa a las autoridades judiciales, monetarias y financieras, que no contaban, con los múltiples fraudes que se han venido cometiendo y que podrían sobrepasar los 10 Mil Millones de Pesos y que se hace urgente, de igual modo, una revisión sobre el contenido sancionador de la Ley No. 183-02, Monetaria y Financiera”.
Más de 37 mil millones en investigación
En tal sentido, informó que varias fiscalías, se encuentran apoderadas para fines de investigación, sometimientos a la justicia y la imputación de faltas graves, contra varias entidades y sus directivos, Si mencionáramos los montos envueltos en diversos fraudes financieros y captaciones de recursos de manera ilegal, podemos evaluar el caso de TelexFree, en cerca de dos mil millones de Pesos, y que no hubo sanciones, ni condenas en nuestro país, a pesar de haber estafado a cientos de familias.
El fraude ocurrido en Banco Peravia, por unos 1,400 millones de Pesos; Empresas Belgar y su principal directivo Emilio Beltré García, por unos 500 millones de Pesos, Financiera Inversia y su ejecutivo Teodoro Hidalgo, por unos 1,400 millones de Pesos; Banco Providencial y directivo Iban Hernández Bona, por unos 600 millones de Pesos; Inversiones, Préstamos y Descuentos (IMPREDESA) y su principal directivo Juan Carlos Morales, por unos 600 millones de Pesos.
Betances Vargas y Asociados en donde se encuentra como imputado Luis José Antonio Betances de León; Morales Comercial y su principal directivo Juan Carlos Morales, por unos 600 millones, Inversiones al Día (INVERDISA) y su principal directivo, Apolinar Rodríguez , por RD$ 500 millones; Inversiones y Préstamos Veganos, por unos RD$400 millones; Corporación de Crédito Rona donde se encuentra en prisión los hermanos Juan Romero Navarro, Elucipio Romero Navarro, por RD$300 millones.
MoneyFree y su principal ejecutivo el Brasileño Andrés Afeitosa, soluciones financieras y su principal ejecutivo Alejandro Heredia Cueva, por RD$ 10 millones; Corporación de Crédito Oriental S.A., y su principal directivo Roberto Eduardo Santiago López por RD$ 1,600 millones; Corporación de crédito La Americana y “otras de menor tamaño que se dedicaban a la captación de recursos del público unos, sin estar autorizados, otros reciben captaciones en dólares, otros no reportan los certificados financieros al ente regulador”.
Explicó que algunas de esas empresas, en violación a la Ley No. 183-02, Monetaria y Financiera, emitían diferentes modalidades documentales como son: Certificados de Inversión, “Contratos de Préstamos con Intereses”, Papel Comercial, Certificados de Valor, Contratos de Inversión, Contrato de Inversión Sinalagmática, Certificado de Negocios a Plazo Fijo, Inversión en dólares, entre otros, y que no importa el nombre que le pongan, constituyen una violación al Artículo 3, de la Ley No. 183-02, Monetaria y Financiera, debido a la captación ilegal.
De igual modo, informó también “ha sido práctica de algunas empresas dedicadas a la construcción, la emisión de títulos de valor, bonos de inversión, “préstamos para la construcción”.
“Todos estos casos, hacen necesario que la Procuraduría General de la República pueda crear una Procuraduría Especializada en Persecución del Delito Financiero y del Fraude Tributario, debido a la inmensa cantidad de recursos que en franca violación a la Ley No. 183-02, Monetaria y Financiera, manejan muchas entidades, unas reguladas, otras no, y que en definitiva, afectan el patrimonio de cientos de familias”, sugiere Amadeo Peralta.
Así como la alta tasa de defraudaciones fiscales llevadas a cabo en perjuicio del Estado Dominicano, y no solamente a través de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), o la Dirección General de Aduanas (DGA), sino en contra de innumerables instituciones estatales.
Sostuvo que la Ley No. 249-17 sobre Mercado de Valores, de fecha 21 de diciembre de 2017, constantemente es vulnerada, sin consecuencias jurídicas y más aún, cuando se expande el mercado del fideicomiso, el cual ha demostrado ser vulnerable y del cual no se conocen sanciones, que también podrían ser atribuciones de esa Procuraduría Especializada en Persecución del Delito Financiero y Tributario.
La creación de esta entidad, pondría al Consejo de Directores, Funcionarios, Auditores, Empleados, Comisarios de Cuentas, y Funcionarios de Alta Gerencia de las entidades de Intermediación Financiera, reguladas o no, en serios aprietos, porque tendrían muy alta responsabilidad, cuando se les comprueben violaciones a los artículos 3, 68 y 80 de la Ley No. 183-02, Monetaria y Financiera, se constituirían en asociación de malhechores, podrían ser acusados de lavados de activos provenientes de infracciones muy graves y enfrentarse con penas de hasta 20 años de prisión, por violación a diferentes leyes.
Esta Procuraduría Especializada actuaría con mayor premura ante las denuncias o querellas que cometan ejecutivos de entidades financieras e impediría el escape hacia otros países para evadir la persecución judicial, citando el caso de doce acusados por el fraude en Banco Peravia y de otros, que podrían ser sentados en el banquillo de los acusados en un tiempo récord.
El abogado Cesar Amadeo Peralta, informó que en la Fiscalía del Distrito Nacional , existe un departamento de criminalidad organizada, que maneja casos de alto perfil, pero las limitaciones físicas, económicas y de personal, y falta de infraestructuras y parqueos, no le permite hacer un trabajo adecuado, a pesar de los esfuerzos que allí se hacen.
