EL NUEVO DIARIO, BRASILIA.- Procuradores de justicia de once países, incluida la República Dominicana, reunidos en la capital de Brasil, se comprometieron ayer a cooperar entre sí sobre los casos de corrupción de la empresa Odebrecht en sus respectivas naciones.
Los países firmantes del documento, encabezados por Brasil, son Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Portugal, Perú, Venezuela y República Dominicana .
Los procuradores fiscales de los citados países firmaron un documento en el que se comprometen a llevar a cabo una amplia, rápida y eficaz cooperación en el tema de soborno de la constructora Odebrecht.
EL NUEVO DIARIO obtuvo copia del documento, el cual publica in extenso a continuación:
DECLARACIÓN DE BRASILIA SOBRE LA COOPERACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN
Los Procuradores Generales, Fiscales y Fiscales Generales de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú, Portugal, República Dominicana y Venezuela, en Reunión Técnica Conjunta celebrada en el Memorial de la Procuraduría General de la República en Brasilia, el día 16 de febrero de 2017, convocada para discutir la cooperación jurídica internacional en las investigaciones que envuelven los presuntos delitos cometidos par la empresa Odebrecht o a través de ella, sus directivos y empleados, así como por otras empresas investigadas Lava Jato en diversos países.
CONSIDERANDO que, desde 2014, el Ministerio Público Federal brasileño viene realizando una investigación del mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil, el caso Lava Jato;
CONSIDERANDO los compromisos que derivan de la suscripción de instrumentos, ámbito regional o global, en especial la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Convención de Mérida);
CONSIDERANDO que desmantelar la corrupción transnacional fortalece la institucionalidad, propicia un ambiente económico favorable y otorga legitimidad al sistema democrático;
CONSIDERANDO que el Ministerio Público Federal brasileño firmó dos acuerdos de lenidad con las empresas Odebrecht y Braskem y firmó acuerdas de colaboración premiada con 78 personas relacionadas con estas compañías, para ampliar el ámbito de la investigación y atender los intereses públicos;
CONSIDERANDO que los acuerdos de lenidad y los acuerdos de colaboración premiada están sujetos al deber de confidencialidad, conforme a la legislación brasileña y las cláusulas contractuales allí incluidas;
CONSIDERANDO que la cláusula contractual de reserva en el caso de Odebrecht tiene vigencia de seis meses, a partir del primero de diciembre de 2016, finalizando el primero de junio de 2017;
CONSIDERANDO la necesidad de fortalecer la cooperación jurídica internacional, auxiliar a los países interesados y obtener pruebas a fin de dar seguimiento a las investigaciones y acciones penales en sus respectivas jurisdicciones, atendiendo a los principios del derecho internacional vigente y las leyes de cada país;
CONSIDERANDO que Brasil ha recibido varios requerimientos de cooperación jurídica internacional relacionados al caso Odebrecht, pero está obligado a cumplir sus leyes internas y a respetar el plazo acordado, sin perjuicio de que los países den continuidad a las investigaciones que va han iniciado;
CONSIDERANDO el interés que reiteradamente ha sido manifestado por los Ministerios Públicos y Fiscalías presentes a fin de obtener con la mayor rapidez informaciones y pruebas que permitan profundizar las investigaciones en sus jurisdicciones, especialmente aquellas contenidas en los acuerdos de lenidad y colaboración arriba referidos;
CONSIDERANDO que, a solicitud de la empresa, los presentes acordaron unánimemente escuchar una exposición de sus abogados sobre la disposición de la compañía de cooperar con los Ministerios Públicos y Fiscalías de la región para dilucidar todos los hechos ilícitos vinculados con su actuación;
CONSIDERANDO que la lucha contra la corrupción depende de la actuación autónoma e independiente de las Fiscalías y Ministerios Públicos:
DECIDEN
1. Asumir el compromiso de brindarse la más amplia, rápida y eficaz cooperación jurídica nacional en el caso Odebrecht y en el caso Lava Jato, en general.
2. Promover la constitución de equipos conjuntos de investigación, bilaterales o multilaterales, que permitan investigaciones coordinadas sobre el caso Odebrecht y el caso Lava Jato, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 49 de la Convención de Mérida y otras normas legales e instrumentos internacionales aplicables.
3. Que los equipos conjuntos de investigación actuarán con plena autonomía técnica y en desarrollo de su independencia funcional, como principio rector de los Ministerios Públicos y Fiscalías firmantes de esta declaración.
4. Reforzar la importancia de utilizar otros mecanismos de cooperación jurídica internacional vigente, especialmente la realización de comunicaciones e informaciones espontáneas.
5. Aplicar el artículo 37 de la Convención de Mérida, en la ejecución y seguimiento de las solicitudes de cooperación jurídica internacional originadas en los países firmantes, requirentes y requeridos, según la legislación interna.
6. Exhortar a los ciudadanos a apoyar sus instituciones de persecución penal en las actuaciones que son conducidas contra la corrupción en los países firmantes.
7. Insistir en la recuperación de activos y la reparación integral de los dañas causados por los ilícitos, incluyendo el pago de multas, según la legislación de cada país.
8. Reafirmar el respeto irrestricto al principio de legalidad, el debido proceso legal y a los derechos humanos, especialmente en la lucha contra la corrupción y la criminalidad organizada internacional.
Firman:
Alejandra M- Gils Carbó, Procuradora General de la Nación;
Sergio Rodríguez, Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas, República de Argentina.
Rodrigo Janot Monteiro de Barros, Procurador-Gral de República Federativa de Brasil.
Jorge Abbott Charme, Fiscal Nacional República de Chile.
Néstor Humberto Martínez Neira, Fiscal General de la Nación República de Colombia.
Galo Chiriboga Zambrano, Fiscal General del Estado República de Ecuador.
Raúl Cervantes Andrade, Procurador General de la República Estados Unidos Mexicanos.
Kenia Porcell Díaz, Procuradora General de la Nación República de Panamá.
Pablo Sánchez Velarde, Fiscal de la Nación República de Perú.
José Antonio Lopes Ranito, de la Procuraduría Gral. de República Portuguesa.
Jean Alain Rodríguez, Procurador General de la República Dominicana.
