EL NUEVO DIARIO, LIMA .- El fiscal José Domingo Pérez solicitó este miércoles que se dicte arresto domiciliario al expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski, de 80 años, investigado por el caso Odebrecht, debido a que su debilitado estado de salud ha llevado a que sea internado en una clínica de Lima.
Durante una audiencia judicial, el fiscal cambió la solicitud de 36 meses de detención preventiva que presentó inicialmente contra Kuczynski (2016-2018) por la de arresto domiciliario.
Pérez informó que la pena por el delito de lavado de activos, atribuido a Kuczynski por presuntos aportes de Odebrecht, corresponde a entre 10 y 20 años de cárcel, pero que por su edad y la falta de antecedentes puede reducirse a seis años de prisión.
Agregó que Kuczynski ha declarado como testigo el pasado 12 de marzo y en abril de 2017, cuando estaba al frente de la Presidencia.
La decisión final sobre el pedido del fiscal deberá ser tomada por el juez Jorge Luis Chávez, del Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria de Corrupción de Funcionarios.
El estado de salud de Kuczynski, quien cumple una orden de detención preliminar durante 10 días, fue comunicado en un primer momento por el congresista Gilbert Violeta y posteriormente medios locales agregaron que presenta una «fibrilación auricular».
Según detalló el Canal N de televisión, esta enfermedad implica una frecuencia cardíaca irregular, por lo que se le realizará una evaluación médica para determinar su estado de salud.
Se agregó que la alteración cardíaca de Kuczynski habría sido provocada por la emotividad que le causó la visita de su hermano Miguel en la Prefectura de Lima, donde cumple la detención preliminar dictada por la Justicia.
Kuczynski, quien tiene un impedimento de salida del país desde marzo de 2018, solicitó permiso el año pasado al Poder Judicial para viajar a Estados Unidos para tratarse de su mal cardíaco en una clínica especializada, pero esa solicitud no le fue concedida, por lo que siguió el tratamiento en Lima.
La Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios desestimó el lunes la apelación que interpuso el exgobernante contra la detención preliminar, pero aceptó liberar a su secretaria Gloria Kisic y su chófer, José Luis Bernaola, quienes habían sido arrestados junto con él.
Los tres están imputados por supuestamente haber lavado dinero de posible origen ilegal de la constructora brasileña Odebrecht a través de consultorías a nombre de Westfield Capital, la empresa de Kuczynski registrada en Estados Unidos, cuando este era ministro del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006).
La Fiscalía sospecha que las consultorías, que ascendieron a 782.000 dólares entre 2004 y 2007, son supuestamente unos pagos con apariencia de legalidad para obtener los favores de Kuczynski en la adjudicación de grandes obras públicas cuyas licitaciones obtuvieron mediante sobornos.
Concretamente Kuczynski está investigado por las adjudicaciones del proyecto de irrigación Olmos y la carretera interoceánica del sur, por la que Toledo recibió supuestamente 20 millones de dólares en sobornos.
Odebrecht pagó sobornos en una docena de países de Latinoamérica, y en Perú también estuvieron acompañados de donaciones irregulares a las campañas electorales de los principales candidatos, como presuntamente ocurrió con Keiko Fujimori, quien desde noviembre está en prisión preventiva.
La revelación de los vínculos de Odebrecht con Kuczynski provocó en marzo de 2018 su salida del sillón presidencial ante la presión del fujimorismo, que también denunció una presunta compra de votos de parlamentarios para intentar evitar su destitución.
