EL NUEVO DIARIO, PANAMÁ.- La fiscal general de Panamá, Kenia Porcell, acusó hoy al Órgano Judicial de provocar la «impunidad», luego de que un tribunal rechazó aprobar una nueva extensión a la investigación por supuesto blanqueo de capitales que involucra a la constructora brasileña Odebrecht en el marco del caso «Lava Jato».
«El día de hoy he sido comunicada que el Órgano Judicial decidió impedir la continuación de la investigación y obliga la Ministerio Público a remitirla. Con esta última decisión se completa la advertencia que informé» meses atrás, «cuando manifesté que a través de decisiones judiciales se provocaría impunidad en casos emblemáticos como este», declaró Porcell.
La fiscal rebate en un audio distribuido a los medios los argumentos del tribunal para negar la extensión a la investigación que, sostuvo, «es de alta complejidad, de carácter trasnacional y se ha desarrollado en todos los países sin limites de tiempo y sin estrangulamiento judicial a las autoridades de investigación».
En otros países donde se investiga la trama de la constructora brasileña «el sistema judicial, los tribunales y las fiscalías se han unido contra la impunidad. Panamá no puede ser la excepción», expresó la fiscal general.
El Órgano Judicial informó este miércoles que la juez Duodécima de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá encargada, Lania Batista, rechazó la prórroga solicitada por la fiscalía anticorrupción en el caso de supuesto blanqueo que involucra a Odebrecht.
La magistrada ordenó así que el Ministerio Público (MP-Fiscalía) remita el expediente «para no caer en violación de los principios de legalidad y del debido proceso».
Recordó que ya el 3 de julio pasado había concedido una extensión hasta que se agotará la investigación, siempre y cuando no existiera persona detenida, pues en tal caso el término de dos meses para remitir el expediente con la vista fiscal correría a partir de dicho arresto.
El pasado 17 de agosto en el marco de esta investigación el MP dictaminó arresto domiciliario al exfuncionario del área económica Amado Barahona, por lo que, según el tribunal, «el término de dos meses para remitir el expediente, con su respectiva vista fiscal, empezó a correr, teniendo que entregar el expediente al Tribunal competente el 17 de octubre del año en curso».
Porcell respondió que «sostener que la negación de conceder más termino de investigación obedece a que hay personas detenidas hace 2 meses (…) limita el poder constitucional de perseguir el delito y violenta el principio de separación de funciones».
Reiteró que el caso Odebrecht contempla múltiples investigaciones, «la más conocida» la relacionada con la «Constructora del Sur, que se desarrolla con la colaboración de las autoridades de Suiza».
«Hay 63 imputados, entre ellos 5 exministros y 2 familiares de un alto exfuncionario vinculados al recibo de por lo menos 60 millones de dinero públicos. Está pendientes 3 alertas rojas de prófugos» y se han dado «57 asistencias judiciales», además de «7 acuerdos de pena y colaboración que estaban en desarrollo», detalló.
Entre los procesados por el caso de Odebrecht están dos hijos del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) sobre quienes hay órdenes de búsqueda y captura.
El expresidente Martinelli está actualmente detenido en EE.UU. con fines de extradición a Panamá por un caso de escuchas ilegales.
La investigación a la que se negó una nueva prórroga inició con una denuncia presentada por el excontralor panameño Alvin Weeden el 18 de septiembre de 2015.
Weeden pidió investigar si Odebrecht incurrió en un delito contra el orden económico en perjuicio del Estado panameño, ya que una empresa supuestamente vinculada a la constructora brasileña utilizó el sistema financiero del país para realizar operaciones sospechosas de lavado de dinero para entregar sobornos a altos ejecutivos de la brasileña Petrobras.
El 10 de enero de este año, un tribunal de Panamá ordenó la reapertura de la investigación, sobreseída provisionalmente en octubre de 2016 en el marco del caso conocido como «Lava Jato».
