EL NUEVO DIARIO, WASHINGTON.- El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, se reunió hoy con 15 alcaldes de "ciudades santuario", aquellas que se niegan a colaborar con las autoridades federales para deportar a los indocumentados y a los inmigrantes que han cometido algún crimen.
"Nos complace que los alcaldes que se reunieron hoy con nosotros nos aseguraron que quieren cumplir con la ley", dijo Sessions en un comunicado tras la reunión con los 15 regidores.
"Todos queremos que estas jurisdicciones apoyen con entusiasmo la ley de Estados Unidos, que requiere la expulsión de extranjeros criminales, como muchas jurisdicciones ya hacen", añadió Sessions, quien no detalló si en la reunión se habló de los principales puntos de fricción entre el Gobierno y las llamadas "ciudades santuario".
Durante la campaña electoral, Trump prometió que acabaría con las "ciudades santuario" y, en su primera semana en el poder, ordenó que se dejarían de otorgar subvenciones federales a esos territorios del país, a no ser que comiencen a cooperar con las autoridades de inmigración.
Esa retirada de fondos aún no se ha producido, pero el Gobierno ya ha dado varios ultimátum a las "ciudades santuario".
El último ultimátum se produjo el viernes cuando el Departamento de Justicia amenazó con recortar fondos a nueve jurisdicciones si, antes del 30 de junio, no demuestran que están colaborando con las autoridades federales y que les están informando del estatus migratorio de las personas detenidas.
"Evaluaremos las respuestas de las jurisdicciones para asegurarnos de que cumplen los requisitos de las subvenciones. Una vez más urjo a estas ciudades y jurisdicciones a revaluar sus políticas, a proteger a sus ciudadanos y a cumplir con la ley", dijo hoy Sessions en su comunicado.
Entre otras condiciones, el Gobierno quiere que las ciudades informen al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de cuándo va a poner en libertad a indocumentados que han cometido un crimen con el objetivo de que los agentes migratorios puedan ponerlos bajo su custodia para expulsarlos del país.
En la reunión con el fiscal general participó, entre otros, el alcalde de Providence (Rhode Island), Jorge Elorza, quien trató de explicar a Sessions los "peligros" de que la policía local se convierta en un "brazo" de los agentes federales encargados de detener indocumentados, dijo a Efe el portavoz del regidor, Victor Morente.
"Si la policía local se convierte en un brazo de Inmigración, entonces las relaciones entre la policía y las comunidades se van a resentir. Los inmigrantes no acudirán a la policía a denunciar delitos y eso puede desembocar en un incremento de la criminalidad", argumentó Morente.
Elorza, uno de los líderes de la Conferencia de alcaldes de EE.UU., también cree que la policía local debe destinar sus recursos a perseguir crímenes graves y no faltas menores, como la que comete una madre indocumentada al saltarse un semáforo cuando lleva a su hijo a la escuela, según explicó su portavoz.
El regidor expuso hoy en su reunión con Sessions todas esas preocupaciones y, además, pidió al fiscal que "clarifique" cuáles son las políticas que el Gobierno pretende llevar a cabo contra las "ciudades santuario".
Entre los alcaldes que se reunieron hoy con Sessions figura el regidor de Nueva Orleans (Luisiana), Mitch Landrieu; el de Columbia (Carolina del Sur), Steve Benjamin; el de Gary (Indiana), Karen Freeman-Wilson; y el de Austin (Texas), Steve Adler.
Esos alcaldes pertenecen al Partido Demócrata, al igual que la mayoría de los dirigentes de las 200 jurisdicciones locales que protegen de la deportación a los inmigrantes y entre las que se incluyen grandes urbes dirigidas también por la oposición demócrata, como Los Ángeles, Chicago y Nueva York.
