EL NUEVO DIARIO, PANAMÁ.- El magistrado fiscal panameño, Harry Díaz, dijo hoy que junto con los querellantes en el caso de las escuchas ilegales contra Ricardo Martinelli evaluará «las acciones a seguir» una vez el expresidente sea extraditado a Panamá, como ya aprobó el Departamento de Estado de EE.UU., donde está preso desde junio de 2017.
«Una vez que se nos traiga aquí y se nos notifique que se encuentra en territorio panameño, entonces también los querellantes con mi persona vamos a evaluar para ver cuáles son las acciones que vamos a tomar», declaró Díaz, quien en diciembre de 2015 solicitó la detención del expresidente.
El Departamento de Estado de EE.UU. notificó a la Cancillería de Panamá, a través de la Embajada panameña en Washington, la aprobación de la extradición de Martinelli bajo la regla de especialidad prevista en el Tratado bilateral en la materia, es decir, que solo podrá ser juzgado por el caso por el que se le solicita, que es el de las escuchas ilegales.
Díaz pidió en un escrito de acusación en octubre de 2015 hasta 21 años de cárcel para Martinelli por los delitos contra la inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad, y contra la administración pública y sus diferentes formas de peculado.
En diciembre de 2015 la Corte Suprema de Justicia autoriza la detención provisional de Martinelli por el caso de las escuchas, en mayo de 2016 envió a la Cancillería la solicitud de extradición, que fue presentada formalmente ante Estados Unidos en septiembre de ese año.
La defensa en Panamá de Martinelli (2009-2014) dijo este viernes que la llegada al país del expresidente es «inminente» y que incluso podría ser el próximo lunes, aunque legalmente la Cancillería de Panamá tiene un plazo de 30 días para coordinar con el Departamento de Estado el traslado del también diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen).
Díaz no especuló sobre el tiempo que tomará el arribo del expresidente a Panamá, pero comentó que «obviamente debe venir en las mismas condiciones en las que se encuentra en Estados Unidos», es decir, detenido.
Una vez esté Martinelli en Panamá, «habrá que fijar audiencia» ante el pleno de la Corte Suprema, algo que «tendrá que depender mucho de los abogados de él, a ver cómo quieren evacuar esto», dijo el magistrado fiscal.
En esa audiencia «yo me imagino, asumo (…) que los abogados van a plantear el estado de salud» de Martinelli «y que con ello van a solicitar alguna medida cautelar» distinta a la detención, y «esa medida» la tiene que determinar «el pleno de la Corte», explicó.
Sobre cuál sería la fecha de la audiencia, Díaz se limitó a decir «que depende mucho de los abogados», y sobre la decisión del pleno respecto a las cautelares que podrían dictarse a Martinelli expresó que «ojalá fuera Nostradamus» para vaticinarlo.
Sydney Sittón, defensor de Martinelli en Panamá, dijo este viernes que el expresidente «tiene que ser presentado en audiencia de control de legalidad ante el pleno de la Corte Suprema», que será notificada en las próximas horas de la extradición del expresidente.
Si Martinelli llega el lunes próximo en la mañana esa audiencia podría celebrarse ese mismo día; si lo hace en la tarde, quedaría para el martes, dijo Sittón.
Martinelli se fue de Panamá con rumbo a Guatemala, donde está la sede del Parlacen, el 28 de enero de 2015, el mismo día que el Supremo abrió la primera causa penal en su contra: el caso de compra supuestamente irregular de comida deshidratada a través de una agencia oficial.
Tras permanecer en paradero desconocido durante meses, apareció Martinelli en Estados Unidos, donde fue detenido el 12 de junio de 2017 en razón del pedido de extradición por el caso de las escuchas.
Martinelli retiró a finales de mayo pasado el proceso de apelaciones en las cortes de Estados Unidos con el que buscaba frenar su entrega a la Justicia panameña.
En una polémica carta que envió a las autoridades de Estados Unidos e hizo pública en mayo pasado, el expresidente pidió al Departamento de Estado que si decidía extraditarlo lo hiciera de manera «expedita» y bajo la cláusula de especialidad del Tratado en la materia vigente entre los dos países, es decir, que solo pueda ser procesado en su país por el caso por el que es pedido.
