FINJUS ve oportuno el momento para discutir transparencia financiamiento de los partidos

Por Carlos Luis Baron Lunes 13 de Marzo, 2017

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La FundaciónInstitucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS) consideró este lunes que esoportuno discutir ampliamente sobre la transparencia en el ejercicio políticoen la República Dominicana y contribuir de esta manera al fortalecimiento denuestro Estado social y democrático de derecho.

La entidad cívica afirma que los recientes hechos de corrupcióntransnacional muestran que el manejo opaco del financiamiento de los partidos yagrupaciones políticas, así como la exclusión del tema a lo interno de esasentidades, continúa siendo una de las mayores debilidades de nuestro régimendemocrático.

Señala que mientras el tema de los recursos que manejan las organizacionespolíticas no sea debatido a profundidad en toda la sociedad, será imposiblealcanzar un consenso que abra las puertas para renovar el sistema de partidos ydefinir nuevas prácticas democráticas y mejores condiciones para asegurar lagobernabilidad y la economía.

Servio Tulio Castaños, vicepresidente de FINJUS, sostiene quees un gran reto propiciar los espacios de diálogo donde los partidos y lasociedad se encuentren y expresen su voluntad política sincera, al tiempo quese adelantan pasos concretos que contribuyan a hacer de la política y elejercicio del poder verdaderos actos de servicio y aportes al bienestar común.

“Hay que recordar que el texto de nuestra Constitución en elartículo 212 regula la organización y funcionamiento de la Junta CentralElectoral. Por el momento, es necesario indicar que dentro de este articulado,específicamente en su párrafo IV, se establece que la JCE “tendrá la facultadpara reglamentar los tiempos y límites en los gastos de campaña…”, lo queresalta la existencia de un claro mandato constitucional para el tema que nosocupa”, expresa.

Asegura que ante cada campaña electoral, o ante cada caso decorrupción que se conoce, se reaviva la preocupación por la falta detransparencia y la ineficiencia de los controles sobre el origen y destino delos fondos que manejan los partidos políticos y los candidatos para solventarla actividad política.

“Por tanto –añade- una eventual reforma de la Ley Electoral yla promulgación de una Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas cobra mayorsentido en aras de solucionar estas problemáticas”.

Deplora que si bien la Ley Electoral plantea la prohibiciónde los partidos a ser beneficiados económicamente mediante donativos ocontribuciones de origen ilícito, no existe una sanción preestablecida osistema de consecuencias formal que castigue las infracciones al respecto.

Apunta que no se puede obviar el hecho de que promover laconfiguración formal de un sistema de consecuencias en este ámbito serádeterminante para el buen funcionamiento democrático de nuestra nación.

Observó que a nivel internacional el financiamiento de lascampañas y las organizaciones es un tema recurrente con tendencia a una especialización y mayorrigurosidad en su tratamiento.

Destacó que en países como España existe la Ley deFinanciamiento de los partidos políticos, como normativa especializada,separada de sus leyes electorales o sobre Partidos, mientras en Nicaragua, lacomisión de delitos en el tema del financiamiento de las campañas conlleva lainhabilitación para el ejercicio del cargo, independiente de cualquier otrasanción civil o penal.

En Colombia, se dispone que la violación de los topes máximosde financiación de las campañas sea sancionada con la pérdida de investidura odel cargo, mientras que en Ecuador se contempla la posibilidad de que sedecrete la “pérdida de la dignidad”, para la cual fue elegido el infractor, eneste caso.

POR LUIS BRITO