EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) pide al Congreso Nacional, modificar la Ley que crea al Tribunal Superior Electoral (TSE) , ante los vacíos que tiene y la imposibilidad de conocer ese órgano electoral algunos recursos.
Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente de la Finjus dijo que ante esa situación y unos comicios que se avecinan “resulta necesario que el legislador pondere una eventual reforma a la ley 29-11 orgánica del TSE.
Agregó que la Ley 29-11 orgánica del TSE, parece haber dejado vacíos en el alcance de su competencia permitiendo que casos como estos, en los cuales se trata de un conflicto generado por la alegada afectación a derechos fundamentales en la resolución administrativa de la JCE que se impugna, sean derivados ante otras instancias.
En un comunicado, señaló que ante el conflicto de competencia que genera este vacío legislativo, el Tribunal Constitucional (TC) ha esgrimido, mediante las sentencias 0282/17 y 0624/18, que en principio las actuaciones y omisiones administrativas de los órganos constitucionales del Estado, contrarios al ordenamiento jurídico deberán ser controlados por ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), pues, al no haber normativa en contrario o que atribuya de manera exclusiva a la jurisdicción especializada, es el TSA que está llamado a controlar la legalidad de la actuación administrativa de los órganos del Estado a requerimiento de la ciudadanía.
Castaños Guzmán dijo que entre la decisión del TSE de enviar a otro tribunal un fallo sobre un recurso de impugnación sobre la decisión de la JCE de mantener el arrastre en sólo seis provincias, ante la ausencia de una adecuada delimitación de competencia del Tribunal Superior Electoral que justifique su esencia de jurisdicción especializada externa al Poder Judicial, lo cual no permite su consolidación como órgano encargado de dirimir los asuntos contenciosos electorales.
“En este sentido, advertimos que la transferencia de las contestaciones que surjan contra los actos y decisiones de la JCE, en materia electoral, al Tribunal Superior Administrativo diluye la función específica que le asigna la Constitución al Tribunal Superior Electoral”, expresó Castaños Guzmán en el documento.
Manifestó, además, que la Constitución delimitó con cuidado las competencias de los órganos autónomos para evitar confusiones, duplicidades de esfuerzos y la desnaturalización de la función primigenia de estos entes extra poderes.
Asimismo, consideró que la exclusión de la jurisdicción electoral como la vía natural e idónea para conocer de los diferendos relativos a la actuación de la JCE, máxime cuando se ven envueltos derechos fundamentales, termina por alterar la esencia de un órgano especializado en el ámbito electoral.
