EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) realizó la juramentación de su Consejo de Directores 2017-2019 y otorgó un reconocimiento a su miembro fundador, doctor Flavio Darío Espinal Jacobo, en un acto celebrado en el hotel JW Marriott, en el Salón Cacicazgo.
El nuevo Consejo de Directores está conformado por Rafael A. Del Toro Gómez, presidente; Manuel E. Tavares, primer vicepresidente; Elena Viyella de Paliza, segundo vicepresidente; Raymundo Haché, secretario; Kai Shoenhais, vicesecretario; Gustavo Ariza, tesorero; Práxedes Joaquín Castillo, vicetesorero y Carlos Guillermo León, Andrés Marranzini, Robinson Peña, Pedro Esteva, Anyarlene Berges, Yudith Castillo y Alejandro Peña Prieto, directores. Además de Marino Ginebra y Servio Tulio Castaños, quien repite como vicepresidente ejecutivo de la entidad.
Durante el acto, celebrado el miércoles 3 de mayo, el presidente de la entidad, Rafael del Toro, entregó una placa de reconocimiento al doctor Flavio Darío Espinal, actual consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, por sus méritos como jurista, diplomático y sus aportes al derecho dominicano, gesto que Espinal consideró como un verdadero honor y una gran distinción, agradeciendo a todos y cada uno de los miembros.
Luego de expresar las palabras de agradecimiento, en su discurso Espinal tocó el tema de la importancia de los partidos y el liderazgo político del país manifestando que "el discurso anti-partidos y anti-instituciones representativas que se escucha cada vez más fuerte desde sectores de la sociedad civil no le hace justicia a los aportes que han hecho los partidos y el liderazgo político a la estabilidad, la gobernabilidad y el desarrollo democrático del país en, al menos, los últimas cuatro décadas desde la transición democrática de 1978.
Agregó "que en todo este tiempo nuestro país no ha experimentado ruptura del sistema político, quiebra de la democracia o subversión del orden institucional. Para un país marcado en su historia por ciclos recurrentes y combinados de despotismo y crisis política, la estabilidad y la gobernabilidad de las que hemos gozado es un hecho de la mayor importancia en la historia dominicana".
Continuó diciendo que si bien hemos tenido coyunturas difíciles, como la de 1994, "el liderazgo político ha sabido actuar con moderación, sentido práctico y compromiso con la estabilidad para dar las respuestas apropiadas a esos desafíos. Ha primado el espíritu de negociación que ha impedido caer en el principio político, como sí ha ocurrido en otros países de nuestro entorno regional".
Advirtió que "quienes no valoren esta estabilidad y gobernabilidad democrática lo hacen a su propio riesgo. Y quienes desconozcan el aporte que ha hecho el liderazgo político dominicano en este gran logro de los últimos cuarenta años simplemente cometen una injusticia. Podemos estar o no de acuerdo con uno u otro partido o líder, pero todos ellos han jugado un papel importante en este trayecto histórico que nos ha colocado donde nos encontramos políticamente en estos momentos".
Precisó que el sistema político dominicano tiene desafíos importantes a los cuales hay que darle respuestas y que para ello hay que fortalecer los partidos políticos sobre la base de los principios de la transparencia y fortalecer las instituciones del Estado, incluyendo el combate a la corrupción, consolidar el poder judicial y la institucionalidad política en general.
"Pero esto no puede hacerse bajo el predicamento de que nada sirve, de que todos los políticos son corruptos, de que las instituciones representativas no valen la pena, y que, por tanto, hay que barrer con todo para que, desde algún lugar indescifrable de la sociedad, surjan quienes supuestamente portarán las virtudes que los políticos no han podido encarnar", puntualizó.
Señaló que "esta reivindicación que planteo de los aportes que ha hecho la clase política a la estabilidad, la gobernabilidad y la construcción democrática no conlleva a negar los aportes que también ha hecho la sociedad civil, el empresariado y otros sectores sociales. A mi modo de ver, la FINJUS es un ejemplo elocuente de esto".
El consultor jurídico del Poder Ejecutivo expresó que "ha llegado el punto de imbuirnos de ese punto medio aristotélico que nos permita superar posiciones extremistas tanto desde la sociedad civil como desde la clase política para evitar un antagonismo irreconciliable y una imposibilidad de diálogo que tampoco ayuda a la consolidación de la democracia".
"Sin duda, vivimos un tiempo en el que amplios sectores sociales demandan reformas institucionales. El liderazgo político tiene que estar a la altura de las circunstancias para dar respuestas a esas demandas. Pero esto debe hacerse, repito, sin menoscabo de lo que hemos alcanzado, sin menospreciar lo que ha representado la estabilidad y la gobernabilidad democrática durante estas últimas cuatro décadas, aún con todos los problemas que podamos tener, y sin pretender deslegitimar de un todo al liderazgo político dominicano", expresó Espinal.
Dijo que la sociedad civil, a su vez, tiene un papel incuestionable que jugar en las demandas por las reformas y el fortalecimiento institucional, pero que su contribución será más efectiva si reconoce "el lugar que le corresponde en el complejo proceso de toma de decisiones en un sistema democrático".
Discurso íntegro de Flavio Darío Espinal:
Es un verdadero honor y una gran distinción para mi recibir este reconocimiento de la Junta de Directores de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS).
Las gracias a todos y cada uno de los miembros de la Junta, en especial a su presidente, el Lic. Rafael del Toro, quien ha sido un pilar fundamental para llevar a esta institución a niveles cada vez más altos de presencia e impacto en la sociedad dominicana. Las gracias también al Dr. Servio Tulio Castaños, mi querido alumno, vicepresidente ejecutivo de la institución, así como a todo el equipo técnico de la Fundación que tanto esfuerzo pone cada día para contribuir al fortalecimiento institucional de nuestro país.
Me siento sumamente orgulloso de haber sido parte de esta institución desde el momento de su creación. Por eso, al encontrarme ante ustedes en una ocasión tan especial para mi no puedo dejar de evocar aquellos primeros encuentros en el Edificio de Compostela, en la oficina de don Alejandro Grullón, en los que un grupo de empresarios y abogados nos reuníamos para conformar una institución que, desde la sociedad civil, contribuyera a impulsar las necesarias reformas institucionales que el país necesitaba al despuntar la década de los noventa en el contexto de una severa crisis económica y un sistema político-institucional que requería de reformas para avanzar en la consolidación de la democracia, la gobernabilidad y el imperio de la ley.
Recuerdo que el día que salió en la prensa el aviso de la incorporación de la FINJUS como institución sin fines de lucro me encontré, al entrar al Palacio de Justicia del Centro de los Héroes para asistir a una audiencia, con el colega y futuro juez de la Suprema Corte de Justicia Julio Aníbal Suárez, quien me expresó su sorpresa por ver juntos a abogados y empresarios creando una institución que se dedicaría primordialmente a la promoción de la reforma judicial e institucional general del país. En esa época -y todavía hoy- esa era una idea innovadora, pues lo lógico era que cada sector se aglutinara alrededor de si mismo. Le comenté que lo que se buscaba era un espacio en el que se complementaran los enfoques del sector privado y del sector profesional de abogados, al tiempo que se unificaran esfuerzos con una visión de largo plazo.
El tiempo se ha encargado de validar esa visión, cuyo principal mentor fue el propio don Alejandro, con el apoyo de otros empresarios y un grupo de prominentes abogados como Manuel Bergés Chupani, Wellington Ramos Messina, Luís Heredia Bonetti y el hoy presidente del Tribuna Constitucional, mi profesor Milton Ray Guevara, quien fuera el primer director ejecutivo de la FINJUS. Siendo uno de los más jóvenes, me sentí enormemente honrado de formar parte de ese selecto grupo de empresarios y juristas que formó esta institución que tantos aportes ha hecho la vida institucional de nuestra nación.
Además de esa sinergia entre el sector privado y el sector profesional, otro factor que ha contribuido al éxito de la FINJUS ha sido el enfoque que ha primado a través de los años en el accionar de esta institución. Me refiero al hecho de que la FINJUS ha sabido combinar la necesaria labor de crítica a los poderes públicos con la capacidad de colaboración con las mismas, lo que le ha permitido hacer contribuciones enormes en la difícil labor de reforma y construcción institucional. Este enfoque le ha ganado el respeto de los actores claves de la vida institucional del país. Dicho de otro modo: la FINJUS sabe criticar al poder judicial, o las cámaras legislativas, o al ministerio público o a la Junta Central Electoral, para citar algunos ejemplos, pero a la vez es capaz de colaborar con estas instituciones en la tarea de elaborar diagnósticos, formular proyectos de leyes, promover el debate de ideas y aportar en la capacitación profesional.
Por eso la FINJUS ha estado presente como actor relevante en la mayoría de las reformas institucionales que se han llevado a cabo en el país desde principios de las década de los noventa. De manera directa he podido constatar el respeto que la institución inspira en las instituciones públicas del país, por lo que constantemente es llamada para recibir su apoyo y asesoría. Este ha sido un enfoque correcto que no es del todo apreciado por quienes piensan que lo único que le corresponder hacer a una institución de la sociedad civil como la FINJUS frente al Estado es criticarlo y denunciarlo.
Esto me lleva, con la venia de todos ustedes, a referirme a la tensión cada vez más pronunciada entre la sociedad civil, por un lado, y el Estado y los partidos políticos, por el otro. Por supuesto, este es un tema amplio y complejo que no puedo pretender abarcar en una ocasión como esta, por lo que solo haré unos breves comentarios por encontrar que este es un escenario propicio para ello.
A principios de los años ochenta un movimiento político neo-conservador, especialmente en Estados Unidos y el Reino Unido, articuló un discurso fuertemente anti-estatista como respuesta, tal vez con mucha de razón, a la excesiva presencia del Estado en el plano de la propiedad empresarial, la sobre-regulación, el proteccionismo, la rigidez laboral y las restricciones burocráticas a la libre iniciativa privada. Ese discurso se expandió rápidamente hacia regiones, incluyendo América Latina donde se produjo un pronunciado cambio en el modelo económico a partir de esas ideas que en su momento adquirieron el nombre del “consenso de Washington”.
La discusión pronto pasó al plano de las instituciones políticas. En ese contexto se produjo el auge de la sociedad civil como contrapeso al Estado, lo cual fue fomentado por los organismos financieros internacionales y algunas agencias gubernamentales de cooperación. Podría decirse que también ese desarrollo tuvo una explicación lógica, al menos en América Latina, pues en el contexto de la democratización política era necesario desarrollar mecanismos de participación social como elemento esencial del propio desarrollo democrático.
Hay que señalar, sin embargo, que en muchos países de nuestra región, incluyendo el nuestro, desde la sociedad civil se ha fomentado un discurso radical anti-Estado y anti-partidos políticos a partir de un cierto maniqueísmo moral en el que todo lo bueno está de un lado –la sociedad civil- y todo lo malo está del otro –los partidos políticos, las instituciones representativas y los propios políticos-. Por supuesto, los partidos y la clase política tienen su alta cuota de responsabilidad en la llamada crisis de representatividad que afecta a las instituciones de la democracia en esta época, pero ese permanente discurso de descrédito al estamento político lo que hace, o al menos ese ha sido el caso en algunos países, es debilitar y hasta desvertebrar el sistema político y, en último término, afectar la gobernabilidad democrática. Los ejemplos abundan.
En lo que concierne a nuestro país, no existe la más mínima duda de que nos encontramos en una importante encrucijada en la que los partidos políticos están llamados a reformarse, consolidar su institucionalidad interna y promover el desarrollo de nuevos liderazgos. De no hacerlo, se exponen cada vez más a perder credibilidad y, con ello, a crear un vacío político que puede ser altamente perjudicial para la democracia dominicana.
Ahora bien –y este es el mensaje principal que deseo humildemente dejar-, el discurso anti-partidos y anti-instituciones representativas que se escucha cada vez más fuerte desde sectores de la sociedad civil no le hace justicia a los aportes que han hecho los partidos y el liderazgo político a la estabilidad, la gobernabilidad y el desarrollo democrático del país en, al menos, los últimas cuatro décadas desde la transición democrática de 1978.
En todo este tiempo nuestro país no ha experimentado ruptura del sistema político, quiebra de la democracia o subversión del orden institucional. Para un país marcado en su historia por ciclos recurrentes y combinados de despotismo y crisis política, la estabilidad y la gobernabilidad de las que hemos gozado es un hecho de la mayor importancia en la historia dominicana. Como también lo es el avance en la institucionalidad democrática. Y si bien hemos tenido coyunturas difíciles, como en 1994, el liderazgo político ha sabido actuar con moderación, sentido práctico y compromiso con la estabilidad para dar las respuestas apropiadas a esos desafíos. Ha primado el espíritu de negociación que ha impedido caer en el principio político, como sí ha ocurrido en otros países de nuestro entorno regional.
Quienes no valoren esta estabilidad y gobernabilidad democrática lo hacen a su propio riesgo. Y quienes desconozcan el aporte que ha hecho el liderazgo político dominicano en este gran logro de los últimos cuarenta años simplemente cometen una injusticia. Podemos estar o no de acuerdo con uno u otro partido o líder, pero todos ellos han jugado un papel importante en este trayecto histórico que nos ha colocado donde nos encontramos políticamente en estos momentos.
Por supuesto, como señalé, el sistema político dominicano tiene desafíos importantes a los cuales hay que darle respuestas. Hay que fortalecer los partidos políticos sobre la base de los principios de la transparencia y la democracia interna, fortalecer las instituciones del Estado, incluyendo el combate a la corrupción, consolidar el poder judicial y la institucionalidad política en general. Pero esto no puede hacerse bajo el predicamento de que nada sirve, de que todos los políticos son corruptos, de que las instituciones representativas no valen la pena, y que, por tanto, hay que barrer con todo para que, desde algún lugar indescifrable de la sociedad, surjan quienes supuestamente portarán las virtudes que los políticos no han podido encarnar.
Igualmente deseo señalar que esta reivindicación que planteo de los aportes que ha hecho la clase política a la estabilidad, la gobernabilidad y la construcción democrática no conlleva a negar los aportes que también ha hecho la sociedad civil, el empresariado y otros sectores sociales. A mi modo de ver, la FINJUS es un ejemplo elocuente de esto.
Pero ha llegado el punto de imbuirnos de ese “punto medio” aristotélico que nos permita superar posiciones extremistas tanto desde la sociedad civil como desde la clase política para evitar un antagonismo irreconciliable y una imposibilidad de diálogo que tampoco ayuda a la consolidación de la democracia.
Sin duda, vivimos un tiempo en el que amplios sectores sociales demandan reformas institucionales. El liderazgo político tiene que estar a la altura de las circunstancias para dar respuestas a esas demandas. Pero esto debe hacerse, repito, sin menoscabo de lo que hemos alcanzado, sin menospreciar lo que ha representado la estabilidad y la gobernabilidad democrática durante estas últimas cuatro décadas, aún con todos los problemas que podamos tener, y sin pretender deslegitimar de un todo al liderazgo político dominicano. A este hay que empujarlo para que emprenda las reformas necesarias, pero reconociéndole su papel legitimado democráticamente que no puede reclamar para si la sociedad civil. Esta, a su vez, tiene un papel incuestionable que jugar en las demandas por las reformas y el fortalecimiento institucional, pero su contribución será más efectiva si reconoce el lugar que le corresponde en el complejo proceso de toma de decisiones en un sistema democrático.
De nuevo, quiero agradecer enormemente a la Junta de Directores de la FINJUS el reconocimiento que me otorgan esta noche. Aprovecho la ocasión para felicitar a la nueva directiva y desearle grandes éxitos en este nuevo ciclo de la vida institucional de esta gran institución de la sociedad civil dominicana de la que me siento orgullo de ser uno de sus miembros fundadores.
Por Francisca del Rosario
