EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS) expresó este martes su preocupación sobre la situación jurídica de los terrenos del vertedero de Duquesa.
Entiende la entidad que la controversia en cuestión invita a repensar los parámetros ambientales, sociales, de salud, jurídicos y municipales que son tomados en cuenta para suscribir contratos con estos fines.
Sin embargo, reconoció que se trata de un problema histórico que ha afectado directamente a muchas comunidades cuya base es la fragilidad institucional expresada en el manejo poco transparente del marco regulatorio gubernamental y municipal.
Explicó que la Ley No. 176-07 sobre el Distrito Nacional y los Municipios establece una serie de principios que deben ser cumplidos con efectividad para el otorgamiento de este tipo de contrato de servicios.
Añadió que esta norma logró incorporar al ordenamiento jurídico un conjunto de principios que coadyuvan a lograr una gestión municipal óptima, haciendo énfasis en la coordinación, transparencia y sobre todo concertación de sus iniciativas para generar armonía en la ejecución de contratos o aplicación de políticas públicas de este tipo.
Por otro lado, dijo que deben darse respuestas claras y directas a las interrogantes que han surgido en torno a las actuaciones de los implicados en este caso, puesto que dicen haber entregado una certificación que supuestamente demuestra su legítima titularidad del terreno, haciendo referencia a la aprobación de la venta en la Cámara de Diputados en fecha 10 de febrero de 2009. Sin embargo, es un hecho comprobado que en tal fecha no se celebró sesión.
En adición a lo anterior, expresó que la propia Comisión de Contratos de la Cámara de Diputados niega haber conocido dicho acuerdo en el ámbito congresual y han afirmado que poseen una certificación del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), donde se confirma que no existe un contrato de venta entre esa institución y la empresa a cargo de la gestión del Vertedero de Duquesa.
Por tanto, dijo que con el ánimo de fortalecer la transparencia, la seguridad jurídica y el clima de inversión en el país, desde la FINJUS consideramos que para superar las opacidades y confusiones sobre la situación jurídica en torno al Vertedero de Duquesa, el Estado debería abocarse a realizar todas las investigaciones que se requieran para determinar las vías que garanticen la gestión idónea de este tipo de servicios estratégicos para la salud, la convivencia, el ambiente y la calidad de vida de las comunidades, en un marco de diafanidad y legalidad.
Entiende la FINJUS que las respuestas ante los problemas de la naturaleza de este litigio deben surgir de procesos rigurosos, que sean conducidos de manera adecuada y con todas las garantías legales.
Afirmó que este es el camino para la consolidación del Estado Social y Democrático de Derecho que sólo es posible a través del verdadero imperio de la ley, la eficacia de las políticas públicas y la legitimidad de las actuaciones de quienes gestionan la cosa pública.
