EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños, manifestó este lunes que el acuerdo suscrito entre los gobiernos de República Dominicana y Estados Unidos sobre la preautorización en el transporte aéreo es adecuado y beneficioso para el turismo nacional.
A finales de febrero cuatro exjueces del Tribunal Constitucional (TC) calificaron de inconstitucional el acuerdo suscrito y alertaron que el mismo representa serias implicaciones para “el supremo interés de nuestro país”, ya que vulnera el principio de no intervención, por lo que constituye una “vergüenza nacional”.
Castaños indicó que “en días recientes se ha destacado en la prensa nacional un conjunto de informaciones acerca de la constitucionalidad del acuerdo de prechequeo entre República Dominicana y Estados Unidos”.
“Se destaca una discusión jurídica acerca de los límites de dicho Acuerdo, que tiene como objetivo establecer, en los aeropuertos dominicanos que lo soliciten, facilidades de migración y aduanales de las autoridades estadounidenses para que se realicen esos trámites en el punto de salida. Esta acción simplificaría el tránsito de pasajeros desde República Dominicana a Estados Unidos”, agrega.
Sostuvo que “la iniciativa no ha estado libre de controversia. Cabe recordar la sentencia del Tribunal Constitucional TC/0315/15, que declaró inconstitucional el “Acuerdo sobre el estatus del Personal de los Estados Unidos en República Dominicana”, referido a personal militar estadounidense, al considerar esa Alta Corte que las atribuciones que daba a las autoridades estadounidenses eran excesivas”.
Indicó que como consecuencia de lo anterior, las autoridades de ambos países, al negociar el acuerdo de preautorización, tuvieron en cuenta la sentencia TC/0315/15. Por este motivo, el texto sometido al Tribunal Constitucional vía el control preventivo de los tratados internacionales busca que se respeten los límites marcados por el precedente constitucional, asegurando que la ley dominicana se cumpla en todo momento y espacio.
“Se ha objetado el anexo del Acuerdo, que prevé el cumplimiento de los requisitos de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 1967. Sin embargo, eso no es nada nuevo en nuestro ordenamiento jurídico. República Dominicana es signataria de ambos instrumentos desde 1978. Es decir, que tenemos más de cuatro décadas aceptándolos como parte de nuestro derecho interno”, manifestó.
Castaños Guzmán indicó que “por otra parte, el acuerdo tiene un componente de colaboración en seguridad que es importante para ambas partes por igual”.
“Es de todos sabido que el sector turismo es una de las industrias más importantes en la economía dominicana. Igualmente se conoce que el mercado internacional del turismo es cada vez más competitivo. Por ello, República Dominicana hace bien en conectarse mejor a uno de nuestros principales mercados turísticos”, añadió.
Manifestó que los debates públicos son importantes, y la pluralidad de opiniones siempre será bienvenida y necesaria. Saludamos la discusión jurídica sobre este tema porque fortalece la democracia.
“De igual manera, FINJUS valora el esfuerzo realizado por los gobiernos de República Dominicana y los Estados Unidos para elaborar un acuerdo que respeta el precedente del Tribunal Constitucional y expresa su esperanza de que esta Alta Corte pronto ofrezca su visto bueno al mismo”, concluyó.
