FINJUS considera actuación del MP en investigación de la Cámara de Cuentas se ajusta a la Constitución y las leyes

Por El Nuevo Diario martes 23 de febrero, 2021

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) considera que el Ministerio Público, tiene la facultad de hacer las diligencias necesarias para recabar las pruebas requeridas para profundizar las pesquisas que realizan.

En ese sentido, el Código Procesal Penal en su artículo 184 faculta al órgano investigativo al registro de locales públicos, de los cuales se incluyen las dependencias estatales, con la debida autorización judicial de mandamiento u orden de allanamiento.

A propósito de las actuaciones realizadas por el Ministerio Público en seguimiento a la investigación que cursa sobre los miembros de la Cámara de Cuentas por alegada obstrucción de la justicia y/o entorpecimiento de indagatorias sobre corrupción en instituciones estatales, conviene recordar el contenido del artículo 12 de la ley 133-11 orgánica del Ministerio Público que establece que este órgano “(…) podrá requerir la colaboración de cualquier funcionario o autoridad de la República para el cumplimiento de sus funciones, quienes están obligados a prestarla sin demora y suministrar las informaciones, documentos e informes que les sean requeridos. El funcionario que se negare a prestar la colaboración requerida o entregar las informaciones, documentos e informes solicitados, incurre en obstrucción de justicia y será sancionado con las penas que dispone el artículo 188 del Código Penal.”

De igual forma el artículo 188 del Código Penal Dominicano, señala que: “La pena de la reclusión se impondrá: a los funcionarios públicos, agentes o delegados del Gobierno, cualquiera que sea su grado, y la clase a que pertenezcan, que requieren u ordenaren, hicieren requerir u ordenar la acción o el uso de la fuerza pública, para impedir la ejecución de una ley, la percepción de una contribución legal, la ejecución de un auto o mandamiento judicial o de cualquiera otra disposición emanada de autoridad legítima”.

En consideración a lo anterior, si bien la Cámara de Cuentas es un órgano constitucional superior externo, los miembros de este órgano fiscalizador del Estado son perfectamente imputables en caso de comisión de hechos contrarios al ordenamiento jurídico dominicano.