Así lo notificó este viernes la jueza en un escrito en el que daba por concluida además la fase de instrucción fiscal del denominado «caso Balda» en el que están procesadas seis personas, entre ellos el exmandatario que gobernó Ecuador entre 2007 y 2017.
El 31 a las 10.00 de la mañana hora local (15.00 GMT) ha sido fijada la fecha de la vista preliminar en la que la Fiscalía General deberá presentar su dictamen a favor o en contra de que se abra juicio contra los seis procesados.
Se trata de un caso de secuestro frustrado del exlegislador Fernando Balda, opositor de Correa, ocurrido en Colombia en 2012 y que sólo ha sido aceptado a trámite este año tras iniciarse una indagación fiscal a la que se sumó el esclarecimiento de información reservada por parte del Gobierno.
Los procesados en este caso son los exagentes de inteligencia Raúl Chicaiza, Diana Falcón y Jorge Espinoza, en prisión preventiva desde marzo pasado.
También el exsecretario nacional de inteligencia Pablo Romero, que se encuentra en España, el exdirector de inteligencia de la Policía Fausto Tamayo y el expresidente Correa, actualmente en Bélgica y contra el que fue dictada una orden de detención preventiva y captura internacional por incomparecencia judicial.
Falcón y Chicaiza alcanzaron un acuerdo de cooperación eficaz con la Fiscalía y en la vista preliminar del 31 se podría conocer información que facilitaron a las autoridades para reducir sus penas.
Por otro lado, la Sala de lo Penal de la CNJ en Quito albergará el próximo lunes a las 9.00 GMT (14.00 GMT) una audiencia de recurso de apelación interpuesto por la defensa de Correa contra la medida de prisión preventiva dictada en su contra, informó la Judicatura.
En caso de que se abra causa contra Correa, el exmandatario podría afrontar la imputación de los delitos de plagio como autor intelectual del secuestro y asociación ilícita, penados con prisión.
La defensa del exlegislador Balda aduce que si se confirma su participación en los hechos y los fines políticos de los mismos, se trataría de un crimen de lesa humanidad, imprescriptible y que podría ser juzgado en ausencia.
La defensa de Correa alegó que su incomparecencia en la sede de la Corte en Quito el pasado 2 de julio se debió a que no se cumplieron las garantías del debido proceso.
El expresidente ha defendido su inocencia y argumenta ser objeto de una persecución política y mediática.
Por EFE
