EL NUEVO DIARIO, BUENOS AIRES.- El exvicepresidente argentino Amado Boudou, detenido el viernes por los supuestos delitos de asociación ilícita y lavado de dinero, se sumó a otros exfuncionarios del gobierno de Cristina Fernández (2007-2015) que se encuentran bajo arresto en diferentes causas judiciales por supuesta corrupción.
A continuación un detalle de los exfuncionarios según el momento de su detención:
AMADO BOUDOU
El economista de 54 años fue ministro de Economía de Fernández entre 2009 y 2011 y vicepresidente hasta el final del mandato en diciembre de 2015.
Fue detenido el 3 de noviembre por orden del juez federal Ariel Lijo que lo acusa de los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero.
Además, desde el 3 de octubre es juzgado por la presunta adquisición irregular de la única imprenta de billetes legal del país, uno de los casos de supuesta corrupción más sonados durante el mandato de Fernández. En esa causa es sospechoso de haber adquirido a través de testaferros el 70% de la empresa Ciccone Calcográfica, para luego contratar con el Estado la impresión de papel moneda. De ser hallado culpable podría recibir una condena de hasta seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
En septiembre, el juez federal Sergio Torres elevó a juicio la causa por la supuesta compra irregular de 19 automóviles de lujo realizada en 2009 cuando ocupaba el Ministerio de Economía. La fecha de inicio del proceso oral aún no ha sido definida.
JULIO DE VIDO
El arquitecto de 67 años fue ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios durante los dos mandatos de Fernández (2007-2015) y el de su antecesor y fallecido esposo Néstor Kirchner (2003-2007).
Fue el ministro que mayor caudal de fondos públicos manejó durante administración kirchnerista y fue funcionario del matrimonio desde la década de 1990, cuando Kirchner era gobernador de la patagónica provincia de Santa Cruz. Desde diciembre de 2015 era diputado nacional.
El 1 de noviembre, el juez federal Sebastián Casanello lo procesó junto al exsecretario de Obras Públicas José López por el supuesto cobro de sobornos para adjudicarle la ampliación de varios gasoductos a la empresa sueca Skanska.
El 25 de octubre se entregó a la justicia luego de ser desaforado por el Congreso por supuesta corrupción. Sobre De Vido pesaban dos órdenes de detención: una del juez federal Claudio Bonadío, que lo procesó por supuesta defraudación a través de la importación de gas licuado, lo que habría generado un perjuicio económico al Estado de cerca de 7.000 millones de dólares, y otra emitida por el juez federal Luis Rodríguez, que sospecha que el exfuncionario sería responsable de la malversación de fondos destinados a la modernización de un yacimiento carbonífero estatal.
De Vido afronta además un juicio oral por su supuesta responsabilidad en la muerte de 51 personas en el choque de un tren en 2012, cuando la Secretaría de Transporte estaba bajo la órbita del Ministerio de Planificación.
ROBERTO BARATTA
De 44 años, fue subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación y mano derecha de De Vido.
El 19 de octubre fue detenido por orden del juez federal Claudio Bonadío por supuesta defraudación al Estado a través de la importación de gas licuado, la misma pesquisa por la que De Vido se encuentra bajo arresto.
CÉSAR MILANI
El teniente general retirado de 62 años fue jefe del Estado Mayor General del Ejército entre julio de 2013 y junio de 2015.
El 2 de noviembre, una Cámara Federal ordenó la elevación a juicio de la causa en su contra por presunto enriquecimiento ilícito luego de que no pudiera justificar sus bienes en relación con sus ingresos.
En octubre, el juez federal de la provincia norteña de La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena, ordenó que sea enviado a juicio oral por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar de 1976 a 1983. Milani está acusado de los secuestros y tortura de Pedro Olivera y su hijo Ramón Olivera en 1977. Milani permanece detenido desde febrero por esa causa.
También en octubre, el juez federal de la norteña provincia de Tucumán, Fernando Poviña, lo procesó por los supuestos delitos de encubrimiento y falsedad ideológica en una causa por la desaparición de un soldado mientras cumplía el servicio militar en junio de 1976.
JOSÉ LÓPEZ
El ingeniero civil de 57 años fue secretario de Obras Públicas del Ministerio de Planificación y uno de los funcionarios de esa cartera más allegados a De Vido.
El 1 de noviembre, el juez federal Sebastián Casanello lo procesó junto a De Vido por el supuesto cobro de sobornos de la empresa sueca Skanska para adjudicarle la ampliación de gasoductos.
El 28 de septiembre, el juez federal Daniel Rafecas elevó a juicio oral la causa por presunto enriquecimiento contra López, detenido en junio de 2016 cuando intentaba ocultar bolsos con casi nueve millones de dólares y cantidades menores en euros y pesos argentinos en un monasterio en las afueras de Buenos Aires.
RICARDO JAIME
El ingeniero agrimensor de 62 años fue secretario de Transporte entre 2003 y 2009.
En julio, la Cámara Federal confirmó el procesamiento de Jaime por supuesta administración fraudulenta por el pago de subsidios millonarios a empresas privadas que tenían la concesión de los servicios ferroviarios, pese a las advertencias sobre los incumplimientos técnicos y de mantenimiento de los trenes.
En agosto el juez federal Sebastián Casanello amplió el procesamiento con prisión preventiva del exsecretario de Transporte por presunto enriquecimiento ilícito tras descubrir que además de otras propiedades y bienes cuya adquisición no había podido justificar, poseía un yate valuado en un millón de dólares que se encontraba oculto en Uruguay.
En mayo fue enviado a juicio oral y público por los presuntos delitos de cohecho y administración fraudulenta por la compra por 100 millones de euros (116,6 millones de dólares) de trenes y repuestos usados en España y Portugal que resultaron inservibles.
En diciembre de 2015 fue condenado a seis años de prisión por los delitos de defraudación a la administración pública y por el choque de un tren en febrero de 2012 en el que murieron 51 personas.
En octubre de ese mismo año, en un proceso abreviado, Jaime admitió haber recibido dinero de parte de empresarios del transporte a través del alquiler del lujoso piso en el que vivía y viajes en aviones privados y fue condenado a un año y medio de prisión.
En septiembre de 2013, fue condenado a seis meses de prisión por el ocultamiento de documentos destinados a servir de prueba en otro proceso en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.
