EL NUEVO DIARIO, PEKÍN.- El expresidente de Interpol Meng Hongwei, de nacionalidad china y detenido en paradero desconocido en el país asiático desde el pasado septiembre, ha sido formalmente expulsado del Partido Comunista de China (PCCh).
Además, Meng ha sido relevado de todos sus cargos «por graves violaciones de la Ley y la disciplina» del partido, y aprobó una investigación al respecto, según un comunicado del Comité Central del PCCh citado por el diario hongkonés South China Morning Post.
La Comisión Central para Inspección Disciplinaria del Comité Central acusó a Meng -de 56 años y ya exmiembro del comité y exviceministro de Seguridad Pública- de abuso de poder, «despilfarro de fondos públicos» y «no respetar los principios de la membresía del partido», según el rotativo.
En el texto del comité disciplinario del PCCh también se señala a la mujer de Meng, quien supuestamente habría usado su posición en beneficio de sus intereses a instancias de su marido.
Meng llegó a la cabeza de la rama china de Interpol en 2004, y en 2016 se convirtió en el primer chino en presidir la organización internacional.
El exjefe de la Interpol desapareció misteriosamente tras subir a un avión con destino a China el pasado 25 de septiembre, momento en el que su familia dejó de tener noticias suyas y se perdió su pista.
Tras varios días de silencio y ante la presión internacional, que exigía a China explicaciones sobre su desaparición, la Comisión Nacional de Supervisión (el órgano anticorrupción chino) confirmó su detención a principios de octubre.
Poco después, Interpol anunció la dimisión «con efecto inmediato» de su presidente, después de que él mismo renunciara al cargo en una carta.
El Ministerio de Seguridad Pública informó después de que la investigación a Meng se abrió tras detectar que aceptó sobornos y violó la ley estatal, un comportamiento que ha causado un «grave daño» al partido y a la seguridad nacional.
De acuerdo con la legislación china, la Policía tiene autoridad para mantener incomunicado y en un lugar secreto hasta seis meses a sospechosos de ofensas contra la seguridad nacional, o acusados de terrorismo o sobornos, una normativa que en muchos casos se aplica a disidentes o activistas.
Desde la llegada al poder de Xi Jinping en 2013, China ha juzgado a numerosos funcionarios por recibir sobornos dentro de su campaña anticorrupción.
