EL NUEVO DIARIO, JOHANNESBURGO.- El expresidente sudafricano Jacob Zuma (2009-2018) pidió este lunes la recusación del juez que investiga la sonada trama de corrupción conocida como «Captura del Estado», según la cual durante la presidencia de Zuma el aparato del Estado estuvo presuntamente al servicio de intereses fraudulentos.
Zuma acudió puntualmente este lunes a la sede de la comisión, ubicada en Johannesburgo, pese a que en el país se especulaba con que el exmandatario iba a desafiar la orden emitida hacía unas semanas por el juez Raymond Zondo para forzar su comparecencia.
El expresidente, sin embargo, no prestó hoy declaración, sino que la sesión estuvo dedicada a una petición interpuesta por su equipo legal para que el juez Zondo se recuse por supuesta parcialidad con Zuma.
«Ejercerá su derecho a no decir nada», advirtió durante la audiencia su abogado, Muzi Sikhakhane, tras haber afirmado que la comisión de investigación está influenciada por la «narrativa» de que Zuma es culpable y de que «arruinó» Sudáfrica.
La vista, en la que se escucharon tanto los argumentos a favor como en contra de la recusación, se prolongó durante varias horas, pero terminó sin una decisión por parte de Zondo.
Este volvió a citar a las partes para mañana y prometió dar un veredicto lo antes posible sobre su recusación.
Inaugurada hace algo más de dos años, la denominada comisión de investigación de la Captura del Estado busca aclarar si durante el gobierno de Zuma el aparato público sudafricano funcionó como un engranaje para beneficiar fraudulentamente al poder y a empresarios afines, como la familia Gupta (de origen indio y próximos a Zuma).
Las acusaciones se remontan a 2016, cuando en un informe titulado «Captura del Estado», la entonces defensora del pueblo, Thuli Madonsela, acusó a Zuma y su entorno de apropiarse del aparato público para ponerlo al servicio de intereses corruptos, con los Gupta capaces, incluso, de definir el cese o el nombramiento de ministros.
Zuma, que fue forzado a dimitir por su propio partido a comienzos de 2018 en medio de numerosos escándalos de corrupción, niega las acusaciones y asegura ser víctima de una persecución política.
La comisión de investigación del juez Zondo no tiene potestad para procesar judicialmente, pero sí puede hacer recomendaciones a otros entes y sus averiguaciones pueden ser usadas como pruebas ante los tribunales en el futuro.
En paralelo a esta investigación, Zuma está procesado en un caso que estudia cargos de corrupción, lavado de dinero y fraude relativos a un acuerdo de armas millonario firmado a finales de la década de 1990.
Además, ya en 2016, tuvo que devolver, por orden del Tribunal Constitucional, medio millón de euros de dinero público que se gastó de forma irregular en la reforma de su residencia privada.
