EL NUEVO DIARIO, BUENOS AIRES (AP) — La expresidenta argentina Cristina Fernández acusó el martes a su sucesor, Mauricio Macri, de someterla a una “persecución política” mediante la manipulación de un juez que la citó a declarar por el supuesto encubrimiento de la responsabilidad de Irán en el atentado contra un centro judío en 1994.
Fernández (2007-2015) dijo en una rueda de prensa que esta vulneración de las “garantías constitucionales” y “degradación de la democracia” ocurre en plena campaña para las elecciones legislativas del 22 de octubre en las que buscará una banca como senadora nacional en representación de la provincia de Buenos Aires por la coalición centroizquierdista Unión Ciudadana.
Fernández deberá presentarse ante el juez federal Claudio Bonadío el 26 de octubre como sospechosa de haber intentado proteger a los iraníes acusados del atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires, tal como denunció en 2015 el fiscal Alberto Nisman muy poco antes de su muerte ocurrida en circunstancias que aún no han sido dilucidadas.
“Hacemos responsable al presidente Macri de persecución política, de un uso partidario, obsceno… donde el Poder Judicial actúa casi como una fuerza de tareas del Poder Ejecutivo», dijo la exmandataria en el Instituto Patria que fundó en esta capital.
Según cuestionó, tanto ella como su entonces canciller Héctor Timerman y otros antiguos funcionarios y allegados a su gobierno “fueron llamados a indagatoria” por el “juez más desprestigiado” del país “sobre un hecho que no es judiciable (sujeto de ser juzgado)».
“Considero inaceptable este cronograma judicial en paralelo con el cronograma electoral, algo nunca visto”, dijo Fernández, quien se mostró dispuesta a realizar “una presentación” ante las Naciones Unidas para denunciar esta “vulneración” de sus derechos.
Asimismo afirmó que el gobierno muestra “un desapego total por el Estado de derecho” y señaló que ella «encabeza una lista negra de 500 personas» que habría elaborado el Poder Ejecutivo, “que interpreta que si las mandaran en un cohete a la luna se acabarían los problemas de la Argentina».
Fernández negó además que con su candidatura pretenda lograr fueros parlamentarios para evitar su detención en este y otros procesos judiciales. “Si hubiera querido tener alguna inmunidad ya lo hubiera hecho en las elecciones (presidenciables) de diciembre de 2015”, dijo la líder de Unidad Ciudadana, quien se da por descontado que obtendrá una banca en la cámara alta.
Nisman creía que el memorándum de entendimiento firmado en 2013 por el gobierno de Fernández e Irán con el alegado propósito de avanzar en la investigación del atentado a la AMIA era una pantalla que ocultaba un presunto plan para garantizar la impunidad de los exfuncionarios y ex diplomáticos iraníes acusados del ataque en el que murieron 85 personas.
Fernández ha negado haber cometido delito alguno y ante los periodistas volvió a defender ese acuerdo aprobado por el Parlamento argentino como una forma de avanzar en la pesquisa del atentado, que sigue irresuelto.
Ese acuerdo con Irán, según Fernández, “fue hecho en el marco de la carta de la ONU» que señala que en una «controversia» los Estados tratarán de buscar resolver sus diferencias mediante la «negociación».
La denuncia de Nisman contra Fernández fue desestimada en varias instancias judiciales pero el máximo tribunal penal del país ordenó su reapertura a fines de 2016.
El juez Bonadío unificó en septiembre las causas que había entonces contra la expresidenta por el supuesto encubrimiento de Irán y por «traición a la patria» en relación con ese mismo acuerdo bilateral, que fue muy cuestionado por la comunidad judía y declarado inconstitucional por la justicia argentina.
Bonadío ha sido blanco de las críticas de Fernández a raíz de otras investigaciones en las que el juez dispuso su procesamiento como sospechosa de haber encabezado una “asociación ilícita” que presuntamente recibía sobornos a cambio de la adjudicación de obras públicas y lavaba capitales.
