Exposición de la imagen personal en redes sociales, a propósito de pesquisas policiales: circo social

Por Rosalmy Nikaurys Guerrero Rodriguez viernes 9 de abril, 2021

El auge de la internet y el papel que ha jugado en el desarrollo de la humanidad nos ha ubicado frente a una realidad que engloba aspectos socio-jurídicos que convergen en sus ámbitos de aplicación y que deben ser analizados. Si bien, la referida red constituye una plataforma dinamizadora de la globalización, pues la interacción en esta y en las redes sociales ha viabilizado la integración económica en diversos ordenes, lo que ha significado un importante elemento de la liberalización y crecimiento de la sociedad y el comercio en sus distintas modalidades, también crea focos nocivos. Tal es el caso de escenarios en los que advertimos que las autoridades encargadas de la detección e investigación de infracciones se desvían de las tareas que técnicamente le son asignadas por las normas legales vigentes, y en cambio, apuestan por convertir a los ciudadanos comunes en cirqueros de las redes sociales, exponiendo su imagen, el honor y privacidad.

Por tanto, el propósito de este artículo surge del asalto de un pensamiento que nos llevó a reflexionar si resulta correcto que un policía, a propósito de una detención o pesquisa en contra de un ciudadano, comparta en redes sociales la imagen personal del requisado. En esa tesitura, son diversos los videos observados en distintas plataformas donde el desempeño policial se enmarca en la vana asignación de captar videos y fotografías para generar debate social, obviando realizar operaciones técnicas primordiales. ¿Y es esta la tarea protocolar estipulada en las leyes para estos supuestos?

En primer orden, el artículo 44 de la Constitución proclama el derecho a la intimidad y el honor personal y en su numeral 4 recoge que “el manejo, uso o tratamiento de datos e informaciones de carácter oficial que recaben las autoridades encargadas de la prevención, persecución y castigo del crimen, solo podrán ser tratados o comunicados a los registros públicos, a partir de que haya intervenido una apertura a juicio, de conformidad con la ley”. Lo anterior plantea una directriz que exige a los agentes policiales cumplir con los principios de objetividad y profesionalización. Veamos que la Carta Fundamental en su artículo 255 pone a cargo de la Policía Nacional la responsabilidad de “salvaguardar la seguridad ciudadana; prevenir y controlar los delitos; perseguir e investigar las infracciones penales, bajo la dirección legal de la autoridad competente; mantener el orden público para proteger el libre ejercicio de los derechos de las personas y la convivencia pacífica”.

Por su parte, el considerando tercero de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, No. 590-16 del 15 de julio de 2016 (en lo que sigue Ley Orgánica de la Policía Nacional), pone a cargo del Estado dominicano la responsabilidad de propiciar un clima de seguridad ciudadana, a través de una Policía Nacional profesionalizada, eficiente y eficaz, al servicio de la ciudadanía para la prevención del delito y la violencia, con pleno respeto de los principios democráticos y derechos humanos. Este objeto resulta sacrificado cuando agentes del orden pierden de vista que, ante la comisión de una infracción menor, crimen o delito en convergencia de enfrentamientos que se suscitan con ciudadanos, sus actuaciones deben circunscribirse al tecnicismo exigido por la norma.

En ese tenor, la captación de imagen o videos por parte de la autoridad policial no es ilegal, pues el artículo 139 del Código Procesal Penal se refiere a la obligatoriedad de hacer constar en registros las incidencias de un hecho. Asimismo, el precepto 140 del mismo texto legal dicta:

Grabaciones. El registro de imágenes o sonidos se puede emplear para documentar total o parcialmente actos de prueba o audiencias. Queda prohibida, sin embargo, toda forma de edición de las imágenes o sonidos registrados (…).

Esto implica que en escenarios donde el agente del orden advierta que una actuación constituirá una prueba medular para un posible sometimiento judicial, podrá proceder a la captación de datos, bajo el amparo del artículo 170 de la Código Procesal Penal que contempla el principio de libertad probatoria. Por lo que, despejada la procedencia legal de la captación de imágenes en los casos que tengan matices de judicialización con el objeto de conservar registros, debe concluirse que la costumbre de boga de compartir videos en redes sociales, bajo la autoría de la autoridad, sin justificación legal, no es coherente con la facultad concedida en la Ley Orgánica de la Policía Nacional en sus artículos 5 y 13 que detallan la misión y funciones de la Policía Nacional.

Tampoco responde a los criterios contenidos en el artículo 14 numerales 5, 6 y 15 de la citada ley de donde se extraen los principios de objetividad, profesionalidad y confidencialidad que exponen la exigencia que recae en la Policía Nacional de actuar de forma neutral e imparcial y bajo la exigencia de guardar absoluta confidencialidad en relación con las informaciones que manejen a propósito del ejercicio de sus funciones. Esto significa que el hecho de captar un video para fines estrictamente probatorios no se vincula, en lo absoluto, con la difusión en redes sociales con el propósito de exponer la imagen, privacidad y honor de un ciudadano. Puesto que, el rol exigible debe apostar por levantar de forma estrictamente técnica, las incidencias de los hechos, respetando la dignidad humana y las reglas procesales que exige el Código Procesal Penal y otras normativas aplicables.

Partiendo del derecho comparado, hemos verificado indagaciones realizadas por The Leadership Conference on Civil and Human Rights, donde se estudian las políticas ejercitadas por los distintos departamentos de policías que arrojan el dato de que los agentes del orden utilizan cámaras y captan hechos. Sin embargo, el criterio mayoritario sostiene que las imágenes tomadas por las cámaras corporales son propiedad de cada departamento y que no pueden ser entregadas para su divulgación sin la autorización específica del superintendente (The Leadership Conference on Civil and Human Rights, https://civilrights.org/).

Ahora bien, es importante agregar que el derecho al honor e intimidad opera en favor de los agentes policiales, lo que implica que los integrantes de la colectividad, en virtud de las normativas antes compartidas podrán conservar elementos de prueba, lo que incluye tomar fotos y videos sin que esto derive en la difusión y exposición de las autoridades con fin de sobreexponer la imagen. Verbigracia, en España la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, Ley Mordaza, permite a los ciudadanos captar videos, siempre que no se creen situaciones de riesgo, tanto para los agentes, sus familias, instalaciones o las operaciones policiales.

En suma, se trata de hacer un uso correcto de las redes sociales y generar un clima de respeto que fortalezca nuestro sistema institucional. Se debe ejercitar una prerrogativa de doble vía, donde tanto la autoridad como los ciudadanos puedan recabar pruebas a propósito de pesquisas o detenciones relacionadas a posibles infracciones, siguiendo como parámetro el respeto a la imagen, intimidad y honor. Esto es que se evite la difusión de imágenes y videos cuando estos tengan por fin la exposición irreverente tanto de agentes como de la colectividad, pues tal conducta podría colisionar con la Constitución Dominicana (artículo 44), la Ley Orgánica de la Policía Nacional (artículos 5, 13 14), el Código Penal (artículo 337), Ley 53-07 Sobre crímenes y Delitos de Alta Tecnología (artículos 21 y 22) y la Ley No. 6132, de Expresión y difusión del Pensamiento (artículo 1).

 

 

 

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