EL NUEVO DIARIO, GINEBRA.- Expertos en derechos humanos de la ONU urgieron hoy a los legisladores en Filipinas a rechazar la ley de reinstauración de la pena de muerte como castigo para delitos relacionados con el consumo o el tráfico de drogas, que está siendo objeto de debate parlamentario en el país asiático.
La Cámara de Representantes filipina autorizó el proyecto de ley de restablecimiento de la pena capital el pasado día 7 en tercera votación y ahora debe aprobarlo definitivamente el Senado.
El proyecto aprobado por la Cámara Baja reserva la pena capital para el tráfico de estupefacientes a partir de ciertas cantidades, como 500 gramos de marihuana o 10 de cocaína, así como para los asesinatos cometidos bajo la influencia de las drogas, convirtiendo el uso de éstas en un agravante.
"Estamos profundamente preocupados por esta ley que alejaría a Filipinas de las tendencias globales abolicionistas y supondría una violación de la ley internacional", recalcaron en un comunicado los relatores especiales de la ONU para ejecuciones sumarias, Agnes Callamard, y contra la tortura, Nils Melzer.
Por otro lado, de acuerdo con los expertos en derechos humanos de Naciones Unidas, los delitos relacionados con las drogas "no alcanzan el umbral de gravedad" de los crímenes punibles con la máxima pena.
En 2006 Filipinas abolió la pena de muerte por segunda vez en su historia y, así, se convirtió en el primer país del sureste asiático en ratificar el Segundo Protocolo Opcional del Convenio Internacional de Derechos Civiles y Políticos, instrumento jurídico destinado a abolir la pena de muerte en el mundo.
Precisamente por eso, los expertos remarcaron que Filipinas no puede reintroducir legalmente la pena de muerte en su Código Penal.
En cuanto a los argumentos de Manila que aseguran que el Protocolo es inválido por motivos de procedimiento, los relatores recordaron que "no tan solo el tratado se ratificó con amplia publicidad" sino que las autoridades filipinas confirmaron en numerosas ocasiones su validez sin expresar "preocupación alguna" respecto al procedimiento seguido.
"Es inconcebible que un país que se ha situado al frente de la campaña en contra la pena de muerte ahora la restablezca", lamentaron los expertos, que insistieron en la falta de evidencias que prueben que la pena capital es más efectiva para reducir los índices de criminalidad que otros castigos menores.
El polémico proyecto de ley cuenta con el apoyo del presidente del país, Rodrigo Duterte, que lanzó una campaña contra el tráfico y consumo de estupefacientes que ha causado la muerte de más de 7.000 presuntos traficantes o adictos en los primeros siete meses desde que empezó su mandato.
