Exministro de Defensa solicita auditoría contrato préstamo de aviones Super Tucano

Por Jose Angel Bratini viernes 19 de agosto, 2016

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El general activo y exministro de Defensa, Pedro Peña Antonio, solicitó a las autoridades que se le practique una auditoría de la A a la Z al contrato de compra de los ochos aviones Super Tucano para que se compruebe que “nuestra gestión no se vio empañada por esos aviones”.

Sobre el coronel Carlos Piccini, seguró que se ha cometido una gran injusticia, se le ha maltratado, “no creo que ese sea el trato que merece un oficial que tanto ha hecho por el país”.

El general Peña Antonio reiteró estar a disposición de la Justicia y demás organismos del Estado, “no poderes fácticos, sino a los poderes del estado para poder aclarar de una vez y por todas este asunto que se ha presentado aquí en República Dominicana”.

Este pasado miércoles, el juez de la Oficina de Atención Permanente, Alejandro Vargas Guerrero, quien conoció la medida de coerción contra los cuatro imputados acusados de supuesto soborno para que fuera aprobada la compra de ocho aviones Tucano, un elemento determinante las pruebas que presenta el Ministerio Público.

A pesar de la opinión del general Peña Antonio, el juez Alejandro Vargas luego de escuchar a todas las partes, con relación al coronel Carlos Piccini expresó: “yo entiendo que el coronel Carlos Piccini si lo viéramos desde el punto de vista del arraigo entiende que él tiene su arraigo, porque él no se va a fugar, porque es un coronel activo y fugarse conllevaría una pena más grave aplicada por la institución militar a la cual pertenece. En el caso de él, que es la persona que más se señala, de manera clara y precisa, el juez piensa yo digo que fue el quien hizo todos los contactos e hizo todas las diligencias e informaciones y digo yo, que es el eje principal y quien pudiera servirle al Ministerio Público para terminar de desenredar la madeja”.

Y siendo, así, sentencio Alejandro Vargas, “el juez no puede dejarlo en libertad a usted porque usted en libertad pudiera resultar contaminado y eso pudiera significar que el Ministerio Público dejaría de conseguir pruebas valiosas que son necesarias para la investigación”.

Ante ese peligro, agregó Vargas, “tiene el juez que enviarlo a usted por tres meses a la cárcel de Najayo, y el 20 de noviembre será conocida su revisión de medida”.

Uno de los abogados de la defensa del coronel, interrumpió al juez para solicitarle que enviara a Piccini a “polvorín” y no a Najayo, y el magistrado le constestó: “el juez ha decidido que él, va para Najayo, no sabía que Polvorín era una cárcel, ya de eso se encargará el Ministerio Público y la dirección de Prisiones de resolverlo”.

Sobre el exministro de Defensa, mayor Pedro Rafael Peña Antonio, el juez Vargas dijo el juez si entiende que usted tiene que seguir siendo investigado pero no con una medida de coerción a la altura de las pretensiones del Ministerio Público.

“Tampoco creemos que usted se sustraerá del proceso, no creemos que un militar de ese rango vaya fugarse, incluso donde quiera que hay un militar el país sabe que está ahí”.

Vargas informó al imputado que “no se iría a tomar una medida extrema para evitar que se le imponga una pena anticipada, entiendo que con un impedimento de salida del país, presentarse cada lunes al procurador fiscal que lleva a cabo la investigación es suficiente para que el Ministerio Público continúe con su investigación”.

Con relación a Daniel Aquino Hernández y Aquino Méndez, ustedes recibieron unos cien mil dólares, ustedes conocían y el juez entiende que ustedes tiene que quedar atado a esta investigación, porque hay evidencias que dicen ustedes tienen vinculación”.

El magistrado Alejandro Vargas “entendió pertinente”, ponerle impedimento de salida del país, presentarse periódicamente por ante el procurador Adjunto y se le va a colocar a cada uno un brazalete electrónico con sensor para que solo puedan tener movilidad en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo.

Con relación a este expediente sobre supuesto soborno para la aprobación del contrato de préstamo de los Tucanos, el juramentado Procurador General de la República, informó que está estudiando el caso.

Por Lilliam Mateo