Según un comunicado de prensa, una comisión de la entidad realizó una visita al citado penal el pasado 6 de junio, y presenció «violaciones flagrantes de los derechos humanos de los internos» que suponen «una ofensa a la dignidad humana de los privados de libertad que allí se encuentran».
El presidente de la CNDH-DR, Manuel María Mercedes, explicó que la cárcel se construyó para albergar a 30 privados de libertad, pero actualmente hay «más de 200 presos preventivos, en condiciones infrahumanas, que deberían estar de tránsito» pero permanecen de forma indefinida para «alimentar un negocio mafioso de cobros de tarifas.»
Las personas que acuden esa cárcel para visitar a un allegado debe pagar 100 pesos por pararse en la puerta de acceso; para hablar con un familiar son 200 pesos; para entrar a la preventiva son 1,500 pesos.
Además, se exige un pago semanal de 600 pesos por estadía; el pago semanal por la celda que tiene cama y aire condicionado asciende a 5,000 pesos, mientras que se cobran 1,000 pesos por el paso de alimentos, entre otros cobros ilegales denunciado por la organización.
Esos pagos son los que, a juicio de la CNDH-RD, mantienen abierta la cárcel preventiva, donde los internos «son sometidos a abusos y torturas físicas y psicológicas, y donde el índice de hacinamiento es de un 200 por ciento.»
Además de esto, «hemos comprobado que hay alrededor de 30 privados de libertad que, por no poder cumplir con el pago de la garantía económica, que va desde 2,000 pesos hasta 20,000 pesos, llevan hasta un año de reclusión.
«Hemos visto también mujeres en avanzado estado de embarazo y personas gravemente enfermas detenidas en esta cárcel», señala el comunicado.
Ante las circunstancias descritas, «exigimos al Procurador General de la República el cierre inmediato de dicha cárcel preventiva y la investigación exhaustiva sobre el cobro ilegal de estas tarifas y el sometimiento a la justicia de los responsables.»
