Evitar el pago del 0.0015: Una práctica arraigada y peligrosa

Por Paola Clisante lunes 8 de abril, 2019

Uno de los impuestos más odiados de todos los tiempos, en definitiva, es el 0.0015 que, establecido por el Código Tributario, manda a que este sea pagado sobre el valor de las transferencias electrónicas y los cheques de cualquier naturaleza.

Ese instrumento legal, posteriormente modificado por la Ley núm. 495-06 de Rectificación Tributaria, excluye de dicho gravamen a una serie de escenarios. Entre ellos, el retiro de efectivo en cajeros electrónicos y en oficinas bancarias, el uso de las tarjetas de crédito, los pagos a la Seguridad Social, las transacciones y pagos realizados por los fondos de pensiones, los pagos hechos a favor del Estado dominicano por concepto de impuestos, las transferencias que el Estado deba hacer esos fondos, las transacciones realizadas por el Banco Central y las operaciones de compra de títulos valores realizadas a través de puestos de bolsa.

Naturalmente, los agentes de retención de este impuesto son los bancos y cualquier persona física o jurídica autorizada a realizar pagos mediante transferencias electrónicas. Por esto, si usted es de los que suele revisar sus estados de cuenta, identificará reiterados cargos por este concepto, ya sean efectuados por la institución bancaria que corresponda o por el comercio de que se trate.

Es señalada como práctica común la retención de este impuesto por parte de las entidades de intermediación financiera, sobre todo si se trata de operaciones que involucran a bancos distintos; aun así, las transacciones entre cuentas de un mismo titular siempre han estado exentas del cargo del 0.0015 o 1.5 por mil.

En ese tenor, muchos consideran que sale más cara la sal que el chivo si se lleva a cabo el proceso estándar en los casos en que procede la devolución, en vez de -precisamente- apelar al reembolso correspondiente. ¿Por qué? Las largas esperas, los gastos de traslado, el costo de las certificaciones bancarias requeridas, el desconocimiento -por parte de los propios ejecutivos o representantes de los bancos- de las previsiones normativas tendentes a la exención del referido impuesto en tanto aplique son sólo algunos escenarios que promueven la concepción de un proceso burócrata y deficiente.

Ese proceso consistía en proporcionar una certificación bancaria que consignare el titular de la cuenta a la que le ha sido retenido el impuesto en cuestión y, luego de que la institución verifica que se trata de la misma persona, pues, procede a efectuar la devolución de la suma retenida en un plazo general de 3 o 5 días hábiles, contados a partir de la fecha de la reclamación.

Así pues, por este y otros escenarios con incómodo sabor, muchos tratan de evitar que les sea cargado este impuesto. El hándicap es que tratando de hacer lo propio, en ocasiones, rallan en el esquivo de las obligaciones tributarias que les son propias y, en consecuencia, se exponen a las consecuencias establecidas por la legislación vigente en esa materia: las mismas penas del lavado de activos, cuyo tope está fijado en 20 años de prisión mayor, multas de hasta cuatrocientos salarios mínimos, el decomiso de todos los bienes involucrados y la inhabilidad para prestar servicios o ser contratado por instituciones públicas y entidades de intermediación financiera. Esto porque el delito tributario una de las infracciones precedentes o determinantes del lavado.

Ofreciendo luz respecto del cargo del 0.0015, la Dirección General de Impuestos Internos emitió la Norma General número 04-2019, de fecha 19 de marzo de este año 2019, que manda a las entidades de intermediación financiera a validar, de manera automática las transferencias electrónicas de cuentas de un mismo cliente, por tanto, cesa la obligación de proveer las certificaciones bancarias señaladas anteriormente, evitando de esta manera los traslados hacia un banco y a otro, los gastos a pagar por dichas certificaciones y que, en principio, las instituciones financieras no apliquen la retención para fines de emisión de cheques y de transferencias electrónicas.

A pesar de ello, no debe sorprendernos que, luego de casi un mes de emitida la Norma 04-2019, muchos bancos aún continúen efectuando la retención por concepto de este impuesto en aquellos casos que no aplica y, lo que puede ser peor, muchos de sus funcionarios ni siquiera conocen estas nuevas disposiciones. Apelamos, entonces, a la proactividad de parte del fisco en dar a conocer los nuevos preceptos y reiterar su cumplimiento, así como a la de las entidades financieras en el sentido de asumir lo propio, pues “en la economía del bien común se da la vuelta a la dinámica del sistema: de la prioridad de recibir a la prioridad de dar. Esto significa que en el “centro”, en el mercado, no se plantean competencia y escasez, sino cooperación y riqueza” (Christian Felber).

Por Paola Clisante

www.paolaclisante.com

@PaolaClisante

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